La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) administrada por el Ministerio de Trabajo sigue generando pagos de más a pensionados, hasta acumular a 2019 la suma de ¢3.277 millones. Estas pensiones se cancelan con el Presupuesto Nacional de la República.
Así se desprende de un informe de auditoría financiera efectuado por la Contraloría General de la República (CGR) sobre la ejecución presupuestaria de los regímenes especiales de pensiones.
El estudio señala que las filtraciones ocurren principalmente por caducidad de la pensión o fallecimiento del jubilado
La situación es creciente desde el 2015 al 2018, “como consecuencia de debilidades en su identificación, control y respectiva recuperación”.
Según con la Contraloría, en 2015 el pago de más fue de ¢1.969 millones, en 2016 de ¢2.143 millones, en 2017 de ¢2.530 millones y en 2018 de ¢2.560 millones.
“Al 31 de diciembre de 2019, el monto acumulado por ese concepto en los regímenes administrados por la DNP es de ¢3.277,2 millones; y los sobregiros generados durante el periodo 2019 alcanzaron un monto de ¢731,4 millones”, detalla la institución en el informe Dfoe-Ec-If-00002-2020.
Según la CGR, la recuperación en 2019 fue de apenas ¢63,1 millones.
“En el caso del Régimen Transitorio de Reparto administrado por Jupema, el monto acumulado de sumas giradas de más a esa misma fecha es de ¢221,3 millones, de los cuales ¢15,1 millones corresponden al periodo 2019. Durante el año 2019 se recuperó un total de ¢34,6 millones”.
INCERTIDUMBRE
Otro de los puntos analizados por el órgano contralor del Estado es lo correspondiente al pago de retenciones de cuotas estatales y del fondo de pensiones al Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), correspondientes a los regímenes especiales de pensiones administrados tanto por la DNP como por Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), que ascendió a ¢63.901 millones.
En este sentido, de acuerdo con la auditoría de la CGR, a noviembre de 2019 se identificaron 596 casos de exenciones de la contribución al SEM para jubilados del Régimen Transitorio de Reparto que también contaban con pensión del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), lo que provocó que esos jubilados no fueran reportados en las planillas remitidas a la CCSS, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, N° 7082.
Pese a que la CCSS ha solicitado eliminar dichas exenciones, la Sala Constitucional ha emitido votos en donde dispone la restitución de la exención a jubilados sin perjuicio de las acciones que correspondan conforme con el ordenamiento jurídico.
En este sentido, tanto la DNP como Jupema han hecho consultas sobre el tratamiento del tema ante el Ministerio de Hacienda, CCSS y Procuraduría General de la República, pero estas no han respondido a las gestiones presentadas.
“Así las cosas, al cierre del año 2019, tanto Jupema como la DNP desconocen los efectos monetarios derivados de las actuaciones antes señaladas, por lo que existe incertidumbre sobre la razonabilidad del monto correspondiente al pago las cuotas al SEM (estatal, del fondo de pensiones y la retención al jubilado), debido a los efectos que se podrían generar por cuotas pendientes de pago, multas e indemnizaciones derivadas de esa aplicación, ya que esto depende del resultado de un debido proceso que puede conllevar el establecimiento de lesividades; así como, la consideración de las situaciones jurídicas consolidadas, derechos adquiridos y prescripciones”, agrega la Contraloría.