Padres financian alquiler de ¢100 mil para evitar cierre de colegio en Puriscal

La temperatura en verano ronda los 30 grados. La calle de lastre, el paisaje abierto y la quietud del entorno retratan la ruralidad de la zona, donde a más de 40 kilómetros del centro de Puriscal se construyó el Liceo Rural de Lanas, un pequeño centro educativo que, desde hace 19 años, mantiene viva la enseñanza para un promedio de 15 estudiantes por año.

Llegar a las instalaciones no es tarea sencilla. El estado de la vía limita el acceso para algunos vehículos y la ausencia de transporte público convierte los traslados en desafíos para estudiantes, docentes y familias.

Aunado a las dichas limitaciones, hoy el colegio enfrenta la amenaza de un eventual cierre que podría dejar sin acceso a la educación a los 10 estudiantes matriculados para este año.

Desde febrero de 2024, padres de familia y docentes han asumido sin que sea su obligación el pago del alquiler del inmueble para mantener en funcionamiento el centro educativo. El monto asciende a ¢100.000 mensuales, lo que implica que, en ese periodo, habrían desembolsado ¢2.400.000.

La situación salió a la luz tras un recurso de amparo presentado por una madre de familia, quien expuso los hechos al considerar injustas las condiciones que enfrentan tanto los estudiantes, padres y el personal de enseñanza.

Según se indicó, el Ministerio de Educación Pública (MEP) nunca formalizó un contrato de arrendamiento del inmueble donde opera el centro educativo. Así lo determinó la Sala Constitucional al declarar con lugar el recurso.

El Tribunal constató que el arrendamiento fue sostenido mediante contribuciones voluntarias para evitar el desalojo y garantizar la continuidad del servicio educativo, una práctica considerada contraria al derecho a la educación pública gratuita, enmarcado en el artículo 78 de la Constitución Política.

Lo anterior también fue confirmado por Erick Herrera Zúñiga, un padre de familia, quien explicó a este Diario Extra durante su visita a la zona que, efectivamente, esta práctica se mantiene.

“Hace dos años empezamos a pagar el alquiler. Durante 17 años no se pagó porque la infraestructura fue construida completamente por la comunidad. Cuando asumimos el costo, éramos ocho padres de familia y cada uno aportaba ¢5.000. La Junta Administrativa del colegio también colaboraba con un aporte y algunos docentes contribuían voluntariamente”, expresó Zúñiga.

Zúñiga indicó que la propietaria del inmueble, de apellido Mora, advirtió sobre un eventual cierre del centro educativo en caso de no concretarse el pago del arrendamiento.

“Si el colegio cierra, no existen alternativas cercanas para que los jóvenes continúen sus estudios. Estamos lejos de La Gloria de La Palma y, durante el invierno, el acceso se vuelve aún más complicado”, agregó.

Incluso, la Sala IV determinó que el centro de educación secundaria más próximo requeriría desplazamientos a través de la Ruta 324, vía que actualmente se encuentra inhabilitada por disposición del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Por su parte, Ariel Chaves quien funge como docente de la institución, aseguró a este medio que, desde su nombramiento, siguió el debido proceso.

“Sabemos que no es lo correcto ni responde a una sana ejecución. Por eso inicié gestiones dentro de mi competencia como director: consulté con la supervisión educativa, respeté el debido proceso y solicité respuesta al despacho ministerial, así como a la DIE. En muchos casos se nos indicó que se procedería, y en otros únicamente recibimos un acuse de recibido”, señaló Chaves.

El funcionario aseguró que actualmente se encuentran en la búsqueda de nuevas instalaciones para alquilar, con el fin de resolver la problemática. Asimismo, indicó que, de momento, los estudiantes iniciarán lecciones con normalidad el próximo 23 de febrero.

Hay terreno para la construcción

Según consta en la resolución Nº 36656–2025 de la Sala Constitucional, existe un terreno destinado para la construcción del nuevo centro educativo. La propiedad se encuentra inscrita a nombre del Ministerio de Educación Pública (MEP), bajo el Fideicomiso 1099 BNCR–MEP, y está ubicada a aproximadamente 100 metros del inmueble actual.

No obstante, a la fecha, no se ha emitido el respectivo visto bueno presupuestario que permita avanzar con la ejecución del proyecto.

Incluso, Rosalía Flores Salinas, hija de Francisco Flores Elizondo (quien era dueño del terreno), aseguró a este medio que la venta del terreno se realizó con la expectativa de que la obra avanzara en un plazo razonable. Según relató, su padre aceptó las condiciones propuestas al considerar que el inmueble sería destinado al beneficio de los estudiantes de la comunidad.

Añadió que, pese a que la propiedad quedó debidamente inscrita dentro del fideicomiso, la construcción nunca se materializó. La familia, indicó, mantiene preocupación por el estado actual del terreno y por la incertidumbre que persiste en torno al desarrollo del proyecto educativo.

En ese contexto, Diario Extra consultó al Ministerio de Educación Pública (MEP) y obtuvo la siguiente respuesta de Alexander González, director regional de Educación de Puriscal:

“El MEP será respetuoso de la decisión de la Sala y acatará la medida. La Dirección Regional de Educación de Puriscal se encuentra en la búsqueda de una solución para esta comunidad educativa conformada por 10 estudiantes”.

Sala IV rechaza falta de presupuesto como excusa

En su resolución, la Sala reiteró que la educación pública debe ser gratuita y financiada por la Nación, conforme al artículo 78 de la Constitución Política. Bajo ese criterio, concluyó que trasladar el costo del alquiler a terceros vulnera el derecho fundamental a la educación.

Por lo que el órgano constitucional ordenó al ministro de Educación, al director de Infraestructura, al director regional de Puriscal y al director del liceo girar las órdenes necesarias para que el pago del alquiler sea asumido con fondos públicos.

La otra cara de la educación

Además de lo anterior, la infraestructura tampoco escapa a las limitaciones y dista de ser la más adecuada.

Hoy, la casa de enseñanza se reduce a dos aulas, una oficina, un baño y una pequeña cocina destinada al comedor. A ello se suma otra carencia como la falta de conexión a internet.

A pesar de las limitaciones, hay historias que reflejan cómo los estudiantes logran salir adelante. Una de ellas es la de Kevin Herrera Cubillo, hoy egresado del Liceo Rural de Lanas. Actualmente, cursa la carrera de Administración de Oficinas en la Universidad Nacional (UNA).

En conversación con Diario Extra, Kevin recordó que, pese a las condiciones propias de la ruralidad, recibió una educación que según afirma, fue clave para motivarlo a seguir adelante.

“La educación es muy buena. Éramos pocos estudiantes y eso nos permitía enfocarnos más. A pesar de las necesidades que se vivían y de todo lo que pasaba, la formación fue de gran calidad. Los profesores son muy buenos y gracias a eso hoy estoy a un año de graduarme de la universidad”, expresó Cubillo.

Por su parte, también lamentó que tanto padres de familia como docentes deban asumir el costo del alquiler, ya que, en sus palabras, “la educación es para todos”.