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Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y Partido Acción Ciudadana (PAC), con el apoyo de la diputada independiente Zoila Volio, insisten en apoyar un proyecto de reforma al empleo público que excluya a los actuales funcionarios públicos de la aplicación de un salario global o salario único.
Este martes en la Comisión de Gobierno y Administración, donde se conoce el expediente 21.336, los diputados Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca (PLN), con el apoyo de la diputada Volio y el oficialista Víctor Morales Mora, aprobaron una moción de texto sustitutivo, en acuerdo con el Poder Ejecutivo, para dejar por fuera del salario global a los actuales empleados públicos.
Por otro lado, con otra moción de otro texto sustitutivo el diputado socialcristiano Pablo Abarca pretendía incluirlos, pero los diputados del PLN y PAC no quisieron ampliar el tiempo de la sesión y no se pudo conocer.
SALE MUY CARO
¿Por qué no incluir a los actuales empleados públicos en el llamado salario único?
Según estos legisladores, se debe a que saldría muy caro y temen demandas contra el Estado.
“Incluirlos costaría aproximadamente 3% del PIB; iría en demandas laborales e indemnizaciones porque esos pluses la jurisprudencia los ha interpretado como derechos adquiridos. Debemos ser responsables con la propuesta, analizando la parte legal, constitucional y financiera”, respondió Volio.
Sin embargo, para el abogado constitucionalista de amplia trayectoria Rubén Hernández, es falso decir que habría una violación de derechos adquiridos si no se aplican los aumentos salariales tomando en cuenta los pluses actualmente existentes.
“Eso es mentira porque los pluses no constituyen derechos adquiridos, sino meras expectativas de derecho que pueden ser modificados y eliminados hacia el futuro sin violar derechos adquiridos”, explicó Hernández.
Recordó que cuando se aprobó la reforma fiscal en diciembre del 2018, donde se modificaron pluses para rebajarlos, algunos legisladores en la consulta a la Sala IV apelaron por derechos adquiridos que no se podían modificar, pero los magistrados resolvieron que no, que era expectativas hacia futuro.
“Lo que no se puede hacer es aplicarle una retroactividad, es decir rebajarles el salario a los servidores públicos, quitándoles los pluses que han adquirido a lo largo de los años”, agregó.
JURISPRUDENCIA
El economista Eli Feinzaig, del partido Liberal Progresista, agregó que lo resuelto por la Sala IV crea jurisprudencia sobre el tema.
“Lo que los funcionarios públicos ya tienen acumulado es parte de su patrimonio y no se pude tocar, por ejemplo, aquel que tenga 15 anualidades no se le puede quitar ninguna, pero la anualidad 16, que se ganaría el próximo año, podría ser eliminada porque la Sala Constitucional ha dicho que es una expectativa de derecho”, enfatizó.
Según Feinzaig, aplicar el salario único o global a todos los funcionarios implica comprender que a aquellos que tienen hoy remuneraciones más altas que las que establecería el salario global no se les podría reducir el salario, pero sí congelar, para que dejen de acumular anualidades y otros pluses, lo que generaría un impacto importante de ahorros públicos.
Asimismo, el diputado Abarca agregó que, si el salario es menor, la Ley 9635 establece que todos los contratos deben tener un plazo y se terminen.
Es decir, si en los 6 meses la persona no se pasa, una vez vencido pasará al salario único.
El abogado Hernández explicó que los diputados del PLN y del PAC lo que deberían hacer es aprobar la legislación con los cambios que propone el PUSC, y enviar el proyecto a consulta a la Sala Constitucional.