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Miembros salientes del gobierno de Carlos Alvarado serían reciclados en la Defensoría de los Habitantes.
Fuentes cercanas a DIARIO EXTRA denunciaron que la administración está interesada en llevarse personal que se quedará sin trabajo en mayo y amarrarlo en las plazas de la institución.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica conversó con Catalina Crespo, defensora de los Habitantes, quien reconoció que están disponibles esas 42 plazas, aunque manifestó que de resultar veraz la información sobre el uso para fines políticos, sería un golpe a la transparencia.
A continuación, un extracto de la entrevista que brindó a El Periódico del Pueblo.
¿Este relleno de plazas tiene relación con la entrada de un nuevo gobierno?
-Recordemos que en algún momento oí por ahí que para darle más plazas a la Defensoría habría que irse en un presupuesto extraordinario. Estas plazas ya están en el presupuesto. He escuchado varios rumores de diferentes personas que algún partido político quiere hacer un rol de oposición desde la Defensoría de los Habitantes. Ese rol se ha hecho también en la campaña anterior desde esta institución. He denunciado en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio Público sobre los fondos del Fondo Mundial VIH, Malaria y Sida que se utilizaron en la Defensoría para trabajar temas que no necesariamente eran temas relacionados con VIH, sino con la campaña anterior.
¿Quieren meter gente afín al gobierno actual o del Partido Acción Ciudadana?
-Esos son muchos de los rumores que he escuchado de múltiples fuentes. El hecho de saber eso es sumamente preocupante. No sé si eso estará relacionado con el interés de abrir una comisión investigadora por una denuncia que está en mi contra y que no compete porque va en contra de lo estipulado por la ley. No sé si habrá alguna relación con las plazas y esa investigación de la comisión que es para la destitución. Quisiera creer que eso no está sucediendo, quisiera creer que en Costa Rica se respeta la independencia de los órganos de control y que el Estado de Derecho se está respetando. Lo que se dice y lo que se hace no están de la mano, entonces viene la preocupación de los organismos internacionales.
¿Qué pasaría si se comprueba que en efecto esos puestos se estarían usando para fines políticos?
-Cualquier plaza dentro del sector público tiene que llevar un procedimiento transparente y las mejores personas tienen que estar ahí, de cualquier partido político o de ningún partido político. Pero el problema es cuando esas plazas se usan como botines de negociación y eso es lo que se tiene que evitar a toda costa. Los botines de negociación para plazas de funcionarios públicos, especialmente de 42 plazas en la institución nacional de derechos humanos, se pueden usar para pedir cuentas sobre esta disciplina y fiscalizar al gobierno, o para hacer oposición de forma indebida y eso es lo que el país no puede permitir.
Tenemos conocimiento sobre la liberación de 42 plazas. ¿En qué estado se encuentran?
-La Defensoría de los Habitantes tiene 42 plazas vacantes, muchas vienen desde mucho antes de comenzar mi gestión. Primero porque estaban en un Contencioso Administrativo que tenía el sindicato en contra de la Defensoría y de la exdefensora Montserrat Solano. Ya después el Contencioso dijo que sí se podían nombrar, por lo cual hemos procedido al nombramiento.
¿Cómo ha sido el proceso?
-Lamentablemente no ha sido tan fácil por cuestiones internas y además el estatuto que estaba hacía que el procedimiento fuera muy lento, inclusive durara hasta 1 año para cualquier nombramiento. Ahora hicimos algunos cambios en el estatuto para que fuera más transparente y se pudiera nombrar, incluso en ese estatuto tuvimos apoyo de la Asamblea Legislativa que en este momento tenemos a una persona en préstamo, especialista en recursos humanos, que nos están ayudando a sacar adelante estos concursos. Para el presupuesto de 2021, la Defensoría de los Habitantes, por el tema fiscal, se comprometió con Hacienda a no utilizar ¢580 millones en plazas para devolvérselas al erario público por un tema de apoyo y de ayuda al tema fiscal.
¿Qué tipo de puestos están disponibles dentro de la institución?
-Hay de todo. Tenemos varios puestos de directores y la gran mayoría son de profesionales 3 que es un nivel medio alto, por así decirlo.
¿Cuáles fueron los cambios en el estatuto?
-El estatuto en realidad tiene cambios mínimos. Es el estatuto 1978 que fue el que dejó listo doña Montserrat Solano, que es un estatuto que trata de abrir las plazas a más cantidad de personas, por ejemplo, que no están representadas en la Defensoría. Por ejemplo, poblaciones afro, poblaciones indígenas. Un ejemplo de eso es que hoy en día la Institución Nacional de Derechos Humanos solo tiene una persona afro trabajando y una persona indígena que está en mi despacho y nada más. Hay que ser un poco más representante de las poblaciones que nosotros defendemos.
¿Usted tiene alguna injerencia en las designaciones disponibles?
-El procedimiento que se hace es que a la jerarca de la institución le llega una terna. Anteriormente los jerarcas de la institución nombraban, pero ahora el procedimiento busca que sea más transparente y ahí es como defensora estoy haciendo todo lo posible para que esos nombramientos sean de forma transparente y que las personas que estén ahí sean las idóneas. De esa terna de 100 o 200 personas que aplican, Recursos Humanos por medio de su equipo puede hacer las escogencias. Al jerarca solo le toca ver la terna.