La resolución de la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre el aguacate no condena a Costa Rica al pago de multas, daños y perjuicios, pero suma argumentos a favor de los importadores en la millonaria demanda que tienen contra el Estado y, además, se espera que exportadores mexicanos hagan lo propio.
Si bien estaba por ser calculado a cuánto ascendía la indemnización, lo cierto es que originalmente se habló de un monto de hasta ¢34.356 millones ($60 millones). Ahora podría ser más.
Los importadores se basan en lo que dejaron de vender por las limitaciones de ingreso de la fruta mexicana a territorio costarricense para definir un monto.
Esto significa que, en caso de que hubiera una condena en firme, el presidente electo Rodrigo Chaves, tendría que ver como paga la deuda heredada por el Partido Acción Ciudadana (PAC).
La decisión de restringir el aguacate Hass se tomó en el 2015, cuando era presidente Luis Guillermo Solís, y la falta de consenso con México hizo que el caso terminara ante la OMC. El Servicio Fitosanitario del Estado alegó que debía prevenir el ingreso de la enfermedad conocida como “mancha de sol”.
Hoy, siete años después, el panel de alto nivel concluye que, en efecto, el gobierno costarricense discriminó el producto importado al establecer condiciones diferentes para el aguacate nacional, creando “una restricción encubierta” al comercio internacional.
Frente a este escenario, Costa Rica está obligada a implantar medidas que sean consistentes con sus obligaciones en el marco multilateral del comercio.
DEMANDAS APENAS COMIENZAN
Todo apunta a que el tiempo habría dado la razón al que fuera el principal vocero de los importadores y quien inició esta lucha ante el Tribunal Contencioso Administrativo, Randall Benavides, expresidente de la Cámara de Exportadores e Importadores de Productos Perecederos, quien falleció meses después de la condena en primera instancia, producto de COVID-19.
Este había manifestado en febrero de 2020 que “podemos concluir que (los jueces) acogen nuestras tesis de que la prohibición del aguacate mexicano no fue razonable ni fue proporcionada, sino que fue una medida proteccionista, ideológica, pero definitivamente no razonable”.
Manrique Loáciga, miembro de la misma cámara, dijo que el caso original esta en casación y que se vieron atrasos por la situación de la pandemia. Sin embargo, no descarta que vengan nuevos procesos.
“Con el fallo de la OMC se abre el portillo para que los exportadores del gobierno mexicano demanden al gobierno de Costa Rica por las ventas perdidas, así como el efecto sobre las utilidades de las empresas y el perjuicio adicional. Yo esperaría una multimillonaria demanda y hay que tomar en cuenta que también vendrían futuras demandas a lo interno. Esto está lejos de terminar, la broma del cierre del mercado del aguacate termina con el hecho de que, por primera vez, Costa Rica es condenado en la OMC y al final seremos los costarricenses los que terminaremos pagando vía impuestos, los responsables, no”, reclamó.
EL QUE CALLA OTORGA…
El panel de la OMC señaló el pasado 13 de abril que Costa Rica debe modificar las medidas establecidas por aspectos relacionados con el análisis de riesgo de plagas y los procesos de vigilancia y verificación de plagas, al concluirse que la fundamentación científica de las medidas es insuficiente.
Entretanto, el Gobierno decidió quedarse callado y no apelar la resolución de la OMC. Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, expresó: “Hoy hemos recibido la notificación sobre el caso del aguacate y Costa Rica acogerá lo resuelto por el panel de expertos. Por esto, ya he girado las instrucciones necesarias con el fin de preparar los ajustes necesarios en las medidas de protección fitosanitarias relativas a la importación de aguacate, con el fin de cumplir nuestras obligaciones en el marco multilateral de comercio”.
RESPONSABLES DEBEN SER SANCIONADOS
Por su parte, la Cámara de Industria y Comercio Costa Rica México (Cicomex), lamentó que la restricción a la importación de aguacate mexicano a Costa Rica llegara hasta estas instancias y enfatizó que este fallo impacta de manera negativa la imagen del país a nivel internacional.
“Nuestro sistema debe garantizar a los ciudadanos que los funcionarios públicos negligentes sean responsables de sus actos, resulta indispensable que, de una vez por todas, se siente un precedente para evitar en el futuro situaciones tan lamentables como esta”, apuntó Santiago Aguilar, director ejecutivo de Cicomex, quien considera que el presidente Carlos Alvarado tiene la oportunidad y la responsabilidad de dejarle a su sucesor la mejor de las condiciones de acuerdo a las circunstancias.
Otras posibles consecuencias de la medida establecida por el gobierno de Solís Rivera habrían sido un aumento en el contrabando de aguacate, un incremento del 100% en el precio al consumidor y la afectación de varias empresas dedicadas a la importación. Esto según lo externado por el director de Cicomex.