El juez Cristian Calvo tiene en sus manos la resolución de la validez de una prueba presentada por el Ministerio Público en el caso por presunta defraudación fiscal del Grupo Nación contra el erario público por una suma que asciende los ¢1.918 millones, contemplando multas e intereses.
Calvo debe reevaluar lo resuelto por la jueza Juliana Leiva el pasado primero de abril, en la que se admitieron dos pruebas presentadas por el Ministerio Público contra el grupo periodístico y se invalidó una de las evidencias, así lo confirmó a Diario Extra la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República.
La audiencia se realizó ayer en el Juzgado Penal, del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea, en la que ambas partes presentaron sus alegatos.
PRUEBAS
Leiva habría rechazado la prueba de la Fiscalía que responde a información que el Ministerio Público obtuvo de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), invalidez que fue apelada por la entidad.
Por su parte aceptó la prueba de evidencia bancaria traída del exterior, específicamente de un entidad bancaria en Bahamas y una declaración de uno de los directivo de La Nación.
La defensa del Grupo Nación también apeló lo resuelto por Leiva, pero el juez sólo aceptó la apelación del Ministerio Público, y ordenó que el juzgado analizara nuevamente la validez de dicha prueba.
DEFRAUDACIÓN
La investigación contra el Grupo Nación por el supuesto delito de defraudación fiscal arrancó desde el 2004, cuando la Dirección General de Tributación denunció ante el Ministerio Público presuntas anomalías en la venta y alquiler de rotativas por parte de la empresa de comunicación a otra ubicada en Belice, denominada “Leasing Capital Corporation”.
En la acusación se cuestiona que dicha empresa vendió el equipo por $2 millones, y añadió un contrato de alquiler de las mismas rotativas, pero tan sólo dos meses después dejó sin efecto el arrendamiento y la empresa extranjera vendió el equipo por una suma mucho mayor, en específico $5 millones.
Tras 8 años de la acusación, el Grupo Nación intentó conciliar la deuda para evitar el pago de su totalidad y no irse a juicio, sin embargo el viceministerio de Ingresos resolvió rechazar la solicitud.