Otra más: Denuncian penalmente a rector y estudiantes por toma de Rectoría UCR

Daños por más de ¢37 millones, dos computadoras desaparecidas, un acuerdo de no represalias y un rector que nunca llamó a la Fuerza Pública ni interpuso denuncia.

Esos son los hechos que motivaron una denuncia penal formal presentada este martes ante la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José, documento de 15 páginas al que Grupo Extra tuvo acceso.

Esta acusación se acumula a dos más que se tramitan bajo los expedientes 26-001132-0175-PE y 26-011433-0042-PE.

La Universidad de Costa Rica (UCR) es el escenario de la causa. El denunciante, Milton Madriz Cedeño, exfuncionario y exdocente de la institución, acusa al rector Carlos Araya, a miembros del Consejo Universitario (CU) y a integrantes del Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA) por hechos ocurridos entre el 22 de abril y el 15 de mayo de 2026, cuando ese colectivo ocupó los Edificios Administrativos B y C de la Sede Rodrigo Facio durante 22 días consecutivos.

Los daños y lo que desapareció

Según consta en las Actas Notariales 11 y 12 levantadas por la Notaría Institucional de la UCR, los ocupantes dejaron pintadas en columnas, paredes, vidrios y cielo raso; cámaras de seguridad cubiertas; llavines forzados y cableado expuesto.

La Vicerrectoría de Docencia reportó la desaparición de dos computadoras Dell Pro valoradas en ¢600 mil cada una y un trípode.

El propio rector reconoció además la pérdida de electrodomésticos y productos de limpieza. El 26 de mayo, mediante oficio R-3745-2026, Araya informó al Consejo Universitario que el costo preliminar de reparación asciende a ¢37.890.190, monto que advirtió podría crecer.

Lo que el rector admitió por escrito

El elemento más grave de la denuncia es un oficio firmado por el propio rector. Mediante el documento R-3834-2026, del 28 de mayo, Araya declaró tres hechos en respuesta a una solicitud de información de Madriz:

 Que “no cuenta con un listado y por ende con la identificación de las personas estudiantes que participaron en la toma”, que no emitió instrucción alguna sobre intervención policial y que “no ha interpuesto denuncia penal relacionada con los hechos”.

La denuncia señala además que el 13 de mayo, mientras el edificio permanecía ocupado, la Administración suscribió un acuerdo con el MEA formalizado mediante oficio ViVE-1620-2026 que incluía una cláusula comprometiéndose a “No tomar acciones punitivas, legales ni judiciales en contra del supuesto estudiantado”.

Madriz califica ese pacto como “favorecimiento personal, incumplimiento de deberes y posible peculado”.

La causa solicita acumularse a dos expedientes ya abiertos en la Fiscalía y el OIJ y pide medidas cautelares urgentes para preservar cámaras de seguridad, huellas dactilares y actas de negociación antes de que desaparezcan.