Organizaciones se oponen a eliminar la educación sexual en Costa Rica

La Plataforma de Incidencia Comunitaria para la respuesta al VIH se pronunció ante la decisión del Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Consejo Superior de Educación eliminó el Programa de “Educación para la Afectividad y Sexualidad Integral” de los colegios públicos del país.

“En representación de organizaciones y activistas en pro de los derechos humanos y la respuesta al VIH, expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la reciente decisión de eliminar los programas de educación sexual en Costa Rica”, indicó.

De acuerdo con la organización, esta oposición se debe a que actualmente hay un aumento de casos por infecciones de transmisión sexual (ITS), embarazos no deseados y casos de VIH, según estudios.

Entre los puntos clave mencionados en el pronunciamiento, destacan:

• Derecho a la Información: se argumenta que la educación sexual integral es un derecho humano fundamental, que permite a los jóvenes tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.
• Prevención: Además, se señala que la educación sexual juega un papel crucial en la prevención de riesgos, como embarazos no deseados e ITS, proporcionando herramientas para una vida sexual saludable.
• Igualdad: El documento también subraya que estos programas promueven la igualdad de género y el respeto, contribuyendo a la erradicación de la violencia sexual y de género.
• Desarrollo personal: Asimismo, se destaca que la educación sexual integral abarca aspectos cruciales para el desarrollo personal y social de los jóvenes, incluyendo relaciones, consentimiento y comunicación.

“Hacemos un llamado a las autoridades educativas para que reconsideren esta decisión y mantengan los programas de educación sexual en las escuelas. Es esencial que nuestros jóvenes tengan acceso a una educación completa y precisa que les prepare para enfrentar los desafíos de la vida”, agregó la Plataforma.

Recurso de amparo

La decisión de eliminar el programa de educación sexual integral desató un recurso de amparo y fuertes críticas por parte de la diputada frenteamplista, Rocío Alfaro, quien señala al gobierno de ceder a presiones de sectores “retardatarios” y de poner en riesgo la salud y el bienestar de los jóvenes costarricenses.

En su recurso de amparo, Alfaro señala que la eliminación del programa viola los derechos fundamentales de los estudiantes a la educación sexual y a la salud sexual y reproductiva.

También detalla que la decisión del gobierno ignora la evidencia científica sobre la efectividad del programa para reducir embarazos adolescentes.