En el marco del 197.º periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en Panamá, este lunes se llevó a cabo una audiencia pública dedicada a examinar la independencia del Poder Judicial en Costa Rica.
La jornada contrapuso los sealamientos de diversos colectivos civiles con los argumentos de la delegación oficial del Estado.
Las denuncias de la sociedad civil
La audiencia fue solicitada por la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Plataforma Internacional Contra la Impunidad y el Programa Jotay.
Durante la comparecencia, las organizaciones argumentaron que existen acciones sistemáticas para debilitar al aparato judicial:
- Discursos de descalificación: Señalaron la presencia de mensajes públicos y discursos de estigmatización contra operadores de justicia con el objetivo de erosionar la confianza de la ciudadanía. Como antecedentes, citaron manifestaciones dirigidas contra el fiscal general e increpaciones hacia magistrados de la Sala Constitucional.
- Condicionamiento presupuestario: Representantes de Acojud denunciaron que el desembolso de recursos para el Poder Judicial se ha pretendido condicionar a aprobaciones políticas en el Congreso bajo criterios atípicos.
- Bloqueo en nombramientos: Cuestionaron la falta de designación de magistrados suplentes en la Sala Constitucional por parte de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa.
La respuesta del Estado costarricense
En representación del Gobierno, el embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y excanciller, Arnoldo André, rechazó categóricamente la existencia de una política deliberada para menoscabar la independencia judicial.
La representación estatal defendió su actuación con los siguientes puntos:
- Respaldo financiero: Se detalló que para el ejercicio 2027 se asignó al Poder Judicial un 6,87% del Presupuesto Nacional, cifra que supera el mínimo constitucional del 6%, aun frente a una caída del 2,3% en los ingresos corrientes del Estado.
- Tiempos procedimentales: Respecto a los magistrados suplentes, la delegación sostuvo que los retrasos respondieron a que la lista de 24 aspirantes requerida por ley no fue completada por el propio Poder Judicial sino hasta inicios de octubre, momento a partir del cual el Congreso pudo definir la metodología de selección.
- Libertad de expresión y rendición de cuentas: Las autoridades enfatizaron que la postura crítica del Ejecutivo no equivale a desacato ni a persecución, sino al libre ejercicio del debate democrático y al deber constitucional de rendición de cuentas. Asimismo, aseguraron que las órdenes judiciales se han acatado sin que ningún juez haya enfrentado represalias.
Con información complementaria de EFE