Dos organizaciones de justicia y derechos humanos a nivel regional cuestionaron la comisión legislativa que investiga a la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, por presunto incumplimiento de deberes
La primera de ellas es la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca), quien instó a la Asamblea Legislativa a que garantice y respete los procesos de legítima defensa de Catalina Crespo ante el Congreso.
“No hay claridad si la denuncia ha sido presentada en su contra o lo ha sido en contra de la Defensoría; pero que, en todo caso, (Crespo) no ha tenido la oportunidad de tener acceso a la acusación que se ha formulado en su contra, no conoce los medios de prueba que se hayan presentado, no ha tenido la oportunidad de producir algún medio de prueba de descargo y no ha tenido acceso al expediente”, detalla el documento.
“El suscrito hace saber que la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica mantiene su categoría ‘A’ concedida por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri); y la doctora Catalina Crepo ha demostrado que su accionar se basa en la independencia que regulan los Principios de Paris. Por lo tanto, es de suma preocupación la situación que se ha descrito; consecuentemente, exhortamos a los diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a garantizar y respetar el debido proceso en la sustanciación de la denuncia que se haya presentado en contra de la doctora Catalina Crespo o de la Defensoría de los Habitantes, tal como lo establece el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, agregan desde Rindhca.
El documento fue suscrito en San Salvador por el presidente de dicha organización, José Apolonio Tobar Serrano.
En la misma línea, el presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos (Ccppdh), Eduardo Leblanc González, expresó su preocupación por la situación de la defensora de los habitantes ante la Asamblea Legislativa.
“(La falta de procesos) constituye una afectación a su alta investidura y a la institución que representa”, indica.
“En virtud de ello instamos a las autoridades de la Asamblea Legislativa de Costa Rica a que garanticen y respeten el Derecho al Debido Proceso, así como se garantice el efectivo cumplimiento de los principios de independencia y autonomía en el funcionamiento de la Defensoría de los Habitantes”, añadieron.
“Hay que recordar que la independencia y la autonomía de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos están expresamente consagradas en los Principios de Paris y otras resoluciones adoptadas por las Naciones Unidas, los cuales son pilares determinantes para su reconocimiento del estatus internacional”, concluyeron.