
Un exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellidos Torres Zúñiga de 45 años, que se encuentra siendo investigado por las autoridades por supuestamente colaborar con una organización criminal al darle información policial para que realizaran asaltos y hurtos de contenedores con mercadería, no podrá salir del país y deberá firmar una vez al mes durante el tiempo que esté en vigencia la indagación en su contra.
Así lo determinó el Juzgado Penal de Atenas, el cual ordenó dichas medidas cautelares por ser sospechoso de cometer los delitos de robo agravado y cohecho propio.
El imputado se desempeñaba como agente de la Sección de Recolección de Información Policial (URIP) del OIJ. La detención de Torres se llevó a cabo el pasado miércoles, tras presentarse a la Sección de Asaltos en San José.
“Aparentemente, este sujeto, valiéndose de su investidura como investigador judicial en el periodo del 2018 y el 2020, habría aprovechado para tener acceso a investigaciones judiciales e información policial para brindársela a un grupo criminal”, informaron en el OIJ.
¿Cuál era
el rol?
Se presume que el modo de operación de la estructura consistía en interceptar los camiones en carreteras principales del país, como las rutas 32, 27 y armas de fuego, amenazaban al conductor, lo amordazaban y lo dejaban abandonado en la calle.
Tras el asalto los maleantes remolcaban el contenedor con otro cabezal y lo trasladaban a predios donde los escondían.
“Supuestamente, el siguiente paso que daban era disponer de la mercadería, vendiéndola al menudeo o, en algunos casos, la comercializaban de forma completa con establecimientos”, explicaron en el Ministerio Público.
Dentro de las labores de Torres estaba colaborar con seguimientos de la organización criminal, por lo que se presume que él mantenía contacto con el líder del grupo, de apellidos Vargas Marín, a quien le informaba cuando agentes judiciales realizaban vigilancias en los sitios donde guardaban los contenedores para que no llegaran a sacar la mercadería.
También se cree que el sospechoso les decía de las persecuciones que se les hacía a los miembros de la organización.
“Presuntamente, Torres facilitó una cuenta bancaria de su suegro para que Vargas le depositara el dinero como pago por la venta de la información”, agregaron en la fiscalía.
El OIJ manifestó que el exfuncionario dejó de trabajar como investigador desde hace 7 meses tras renunciar a su puesto y ahora trabaja para una empresa de seguridad privada que da servicios a una cadena de supermercados que ha sido víctima de robos de contenedores.
“Se presume, en grado de probabilidad, que el investigado podría haber reiterado su conducta de brindar información sensible a miembros del grupo criminal”, sospechan en el Ministerio Público. El caso se encuentra siendo indagado dentro del expediente 18-000316-0068-PE.