Ordenan investigar agente defensor de aliados de Diablo

En el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitaron que se inicien las averiguaciones en torno a un agente de la delegación de Pococí, Limón, que es abogado y figura como codefensor de varios de los seis sospechosos detenidos por el doble homicidio en el intento de asalto a un camión remesero en Cariari y quienes estarían vinculados a la banda de Alejandro Arias Monge, alias Diablo.

DIARIO EXTRA dio a conocer en su edición de este miércoles que el funcionario está asignado en la delegación de Pococí y recientemente solicitó un permiso sin goce de salario por seis meses.

No obstante, el lunes 17 de mayo se presentó durante la audiencia de solicitud de medidas cautelares contra los sospechosos, su papel fue apoyar en la defensa, donde pese a los alegatos presentados los imputados recibieron seis meses de prisión preventiva.

Walter Espinoza, director general del OIJ, confirmó los hechos y aseguró que ya se elaboró un informe preliminar sobre el tema y se remitió a la dirección general. Dicho documento se añade a una investigación preliminar y este jueves trasladarán el asunto a la Inspección Judicial para que ahí se valore la situación y le den el trámite que estimen pertinente.

El funcionario es de apellidos Tapia Hernández, tiene aproximadamente 12 años de trabajar en el Poder Judicial y, según comentó Espinoza, el investigador de 34 años solicitó el permiso sin goce de salario para el período entre el 15 de abril y el 15 de octubre de 2021.

Esa gestión la presentó ante su superior inmediato, este es el jefe de la delegación del OIJ en Pococí, siendo que el permiso se lo concedieron en virtud de que Tapia argumentó que eran circunstancias de orden personal las que determinaban la necesidad de hacer dicha solicitud.

“Los permisos con goce o sin goce en el ejercicio de actividades labores en el Poder Judicial están regulados en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que faculta a los jefes inmediatos a otorgar hasta 6 meses de permiso para las personas que planteen determinadas circunstancias a efectos de obtener esa licencia”, dijo Espinoza.

NO SABÍAN NADA

Según la información que trascendió, Tapia sería parte de un bufete de abogados ubicado en Pococí. Precisamente en la página web del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica aparece como incorporado desde diciembre de 2017.

Respecto a esa participación como defensor en una firma de abogados, Espinoza aseguró que ni el OIJ ni ningún otro estamento del Poder Judicial tenía conocimiento de esos hechos.

También comentó que se enteraron que estaba ejerciendo la actividad privada como abogado cuando los compañeros del OIJ que fungieron como custodios durante la audiencia de medida cautelares lo observaron y verificaron que su presencia en esa diligencia era como codefensor.

“Yo sí quiero aclarar que ayer (martes) en horas de la mañana recibí una información confidencial alusiva a la posibilidad de que un funcionario de apellido Tapia estuviese adscrito a una firma de abogados. Precisamente, a las 8 a.m. se ordenó a la oficina de asuntos internos que iniciara una investigación preliminar para determinar si esa información era exacta o inexacta y decidir si se trasladaba o no a la Inspección Judicial”, precisó.

Espinoza fue claro en que en tesis de principios Tapia no puede ni debe ejercer acciones laborales de orden privado en periodos en los que está sin goce de salario, no obstante, dejarán la situación a cargo de la Inspección Judicial.

Agregó que se debe recordar que el OIJ forma parte de la estructura del Poder Judicial y desde la perspectiva disciplinaria los asuntos que impliquen sanciones superiores a 15 días de suspensión deben ser tramitados, conocidos e investigados por la Inspección Judicial.

“Entonces casos como este, que evidentemente son gravosos, llamativos y desde nuestra perspectiva inadecuados, deben trasladarse a la Inspección Judicial para que se cumpla el debido proceso, lo que implicará entonces que ellos hagan la investigación y valoren si hay un hecho administrativo irregular, si hace o no un traslado de cargos y se valore cuál sanción puede imponerse o si la conducta que él ejecutó está apegada a derecho. Es un tema en que el OIJ no participa ni interviene”, concluyó.

EL CASO

El caso en que el agente judicial figura como codefensor de los imputados es el ocurrido el sábado anterior cuando seis sujetos intentaron asaltar un camión remesero en Cariari de Pococí y en un tiroteo asesinaron al custodio de la empresa de transporte de valores Proval, identificado como Hernaldo Gutiérrez Arburola, de 32 años; así como Sharon Hernández Alpízar, de 19. Además, otras cuatro personas resultaron heridas.

Por estos hechos los oficiales de Fuerza Pública detuvieron a seis hombres que responden a los apellidos Salas Herrera, González Gómez, Pérez Carranza, Bustos Chavarría, Madrigal Víquez y Cordero Díaz.

Al parecer, los sospechosos habrían actuado bajo órdenes de Diablo, quien estaría buscando la forma de recuperarse luego de que en los últimos meses sufriera importantes bajas en su organización tras detenciones y decomisos por parte de las autoridades.

De acuerdo con el Ministerio Público, contra estos sujetos se realizó una audiencia que inició el lunes a las 5 p.m. y se extendió hasta la madrugada del martes, inicialmente la Fiscalía Adjunta de Pococí solicitó un año de prisión preventiva, pero el Juzgado Penal ordenó la medida cautelar por seis meses.

A ellos se les atribuyen dos delitos de homicidio calificado, cuatro tentativas de homicidio calificado, una tentativa de robo agravado y otros ilícitos relacionados con infracciones a la Ley de Armas. El caso se investiga bajo el expediente 21-001174-0066-PE.