La Sala Constitucional ordenó al Ministerio de Justicia y Paz adoptar las medidas para una privada de libertad que fue agredida por otras reclusas en el centro de atención institucional (CAI) Vilma Curling.
La agresión ocurrió el 20 de junio anterior y según se denunció, el acto violento ocurrió en presencia de oficiales de la Policía Penitenciaria, que en apariencia habrían permitido el ataque.
La privada de libertad sostiene que otras reas han intentado atentar contra su vida en varias ocasiones y que se siente insegura dentro de las instalaciones.
“Se les ordena a Juan Carlos Arias Agüero y Andrés González Chacón, por su orden, director general de Adaptación Social y director general (…) coordinar lo pertinente y adoptar las medidas requeridas de acuerdo con sus respectivas competencias para que, de forma inmediata, se garantice la seguridad de la tutelada independientemente de su ubicación dentro del sistema penitenciario nacional”, señala la resolución.