La Sala Constitucional dio la razón a la regidora de la Municipalidad de San José, Iztarú Alfaro, quien reclamó no recibir respuesta sobre una solicitud presentada al alcalde capitalino, Diego Miranda, por lo que este tendrá un plazo de 10 días para contestar.
Dicha causa proviene de una petición realizada por la edil este 27 de agosto en relación con la contratación de parquímetros para la ciudad josefina, pero al 3 de octubre no había recibido respuesta.
Entre las consultas efectuadas por Alfaro están: de quién o de dónde surge la decisión de dejar de cobrar por el servicio de parquímetros, con base en qué fundamentos legales se tomó esa determinación, además, de existir criterio jurídico que lo respalde, solicitó respetuosamente copia del mismo.
Asimismo cuestionó cuál es el criterio técnico para tomar tal decisión y por qué se tramitó otra licitación para la atención de parquímetros, si era público y notorio que estaba pendiente un recurso de apelación en la Contraloría General de la República.
“El señor alcalde creyó que una respuesta vacía y de trámite, que más resultaba un asunto de mero trámite que el de una verdadera rendición de cuentas, iba a bastar”, opinó la regidora sobre la resolución.
El máximo órgano constitucional reiteró que el derecho de información de las personas es en doble vía: primero, tiene que ver con la posibilidad de pedir ciertos datos a entidades y autoridades, segundo, con la opción de recibirlos.
Pedimos al alcalde de San José una reacción sobre el tema, a lo que indicó que “la consulta se le había respondido a la regidora Alfaro el pasado 11 de octubre. Ahora se procederá a ampliar los tres puntos solicitados sobre esa consulta respondida, en el plazo de 10 días establecido por ley”.
