Oposición pide a Sala IV frenar decreto de secreto de Estado
Diputados alegan que las restricciones deben ser excepcionales, proporcionales y justificadas.
Las fracciones opositoras acudieron a la Sala Constitucional para cuestionar y pedir la “suspensión inmediata” de los efectos del decreto ejecutivo con el que el Gobierno de Laura Fernández declaró secreto de Estado la información relacionada con seguridad nacional.
El bloque, integrado por las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo N.° 45870-MSP.
Los legisladores opositores cuestionan que la medida pueda restringir el acceso a información relacionada con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) y la denominada “Fuerza Élite”.
Según el comunicado divulgado por el bloque, la acción pretende frenar lo que consideran un exceso en la aplicación del secreto de Estado, particularmente en aspectos vinculados con presupuestos, compras y contrataciones públicas.
“Ocultar presupuestos, compras públicas y contrataciones tras el concepto amplio de ‘seguridad nacional’ deja a la ciudadanía en una grave situación de indefensión frente a decisiones unilaterales, arbitrarias e inconsultas del Gobierno de turno”, señalaron las fracciones.
Argumentos
Las bancadas de oposición sostienen que el decreto podría vulnerar los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, relacionados con el derecho de petición y el acceso a información de interés público.
Lea además: Oficialismo rechaza llamar a comparecer a Laura Fernández y jerarcas por decreto de secreto de Estado
Aunque los diputados reconocen que existen asuntos de seguridad que pueden mantenerse bajo reserva, alegan que esas restricciones deben ser excepcionales, proporcionales y justificadas.
La acción argumenta que una declaratoria general de secreto sobre este tipo de información podría convertir una excepción constitucional en una regla de opacidad y extenderse de manera desproporcionada a contrataciones, licitaciones y otras decisiones administrativas.
El decreto ha generado cuestionamientos de la oposición en la Asamblea Legislativa por los alcances que tendría la declaratoria de secreto de Estado sobre información relacionada con las políticas y estructuras de seguridad del Poder Ejecutivo.
Además, algunos diputados opositores han reaccionado sobre la posible adquisición de software para interceptación de comunicaciones.