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Médicos del Hospital San Juan de Dios operaron pacientes remitidos por la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE) sin constatar su identidad, ya que no solicitaron el número de cédula que verificara que en realidad se trataba de personas en espera de una intervención.
Una auditoría interna de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destapó un conjunto de graves irregularidades en las jornadas de producción quirúrgica del servicio de ortopedia de este centro médico, realizadas durante el primer semestre de 2024.
El informe Asalud -0008-2025, fechado el 8 de mayo, señala violaciones al plan aprobado, procedimientos sin autorización, pagos millonarios cuestionables y una preocupante concentración de funciones en un solo funcionario.
“Sin número de cédula de paciente, no se logra relacionar el procedimiento reportado con el paciente, hoja sin firma, en varios casos hay porcentajes de pago de procedimientos más elevados a lo autorizado”, dice el documento.
El proyecto, denominado Plan 5-1, fue diseñado para reducir la lista de espera quirúrgica en ortopedia correspondiente al periodo 2016-2021.
Sin embargo, la auditoría determinó que se realizaron al menos 383 cirugías a pacientes ingresados en 2022, 2023 y 2024, mientras aún quedaban pendientes 429 casos del periodo autorizado. En algunos expedientes se identificaron registros con fechas dobles o sin ninguna fecha de ingreso a lista de espera, lo que imposibilita verificar el cumplimiento del plan.
Pagos millonarios
Uno de los puntos más críticos del informe es la concentración de funciones en un médico de apellidos Navarro Correa, coordinador de la Unidad de Control de Gestión.
Navarro no solo programó las cirugías y asignó a los médicos asistentes, sino que también participó en 92 de las 267 intervenciones realizadas, firmó los reportes de tiempo extraordinario como jefe del servicio de ortopedia y los remitió a Recursos Humanos para su tramitación de pago, sin revisión previa de la Dirección General ni de la jefatura de Recursos Humanos.
Esta situación viola principios básicos de separación de funciones y control interno.
También se revelaron pagos de tiempo extraordinario por un monto total de ¢90,4 millones a un médico de apellidos Salazar Quirós, ortopedista del equipo itinerante, así como ¢28,1 millones al doctor Navarro.
En ambos casos, los formularios carecían de firmas requeridas y presentaban inconsistencias en los porcentajes de pago aplicados, con montos superiores a los establecidos en la tabla quirúrgica autorizada.
“Se determinaron debilidades de control relacionadas con la elaboración, reporte y trámite de pago de tiempo extraordinario por concepto de jornadas de producción quirúrgica, al existir formularios que no contienen las respectivas firmas de la autoridad superior, ni de la jefatura de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y el formulario de tiempo extraordinario no es firmado por la jefatura del servicio de ortopedia ni dirección general del centro médico”, reza el informe.
Sin permiso
La auditoría detectó la ejecución de procedimientos no autorizados por la UTLE, como artroscopias, retiros de material y correcciones de hallux valgus. Estas intervenciones se practicaron antes de que el hospital solicitara el aval correspondiente, y no existe constancia de que la UTLE las haya aprobado.
El informe también documentó al menos una cirugía realizada en horario ordinario sin autorización de ausencia, y otras que iniciaron a las 3:00 y 4:00 p.m., lo que sugiere una posible duplicidad de jornada.
“Se puede evidenciar que existe un debilitamiento del control interno, en cuanto al cumplimiento de la jornada laboral por parte del Salazar Quirós y Navarro Correa”.
El documento concluye que existió un debilitamiento significativo del control interno en la ejecución del Plan 5-1, tanto en la supervisión por parte de la UTLE como en la gestión operativa del hospital.
Como resultado, se emitieron seis recomendaciones a las autoridades correspondientes para corregir las fallas detectadas. Entre ellas, se insta a reforzar los controles sobre la programación, registro y pago de jornadas quirúrgicas, así como a revisar la razonabilidad de los procedimientos realizados fuera del marco aprobado.
Diario Extra intentó conocer si la Caja tomaría medidas, a lo que respondieron que “se está llevando a cabo un análisis interno (investigación preliminar), etapa que, por su carácter confidencial, es de acceso exclusivo para las partes involucradas”.
Crecen dudas por método de pago
En su edición del jueves 21 de marzo, este medio dio a conocer un informe de Auditoría que advertía a la institución sobre la aplicación del modelo de pago Cumcas-PIB en la atención de listas de espera, pese a que la Dirección de Administración y Gestión de Personal había indicado que su aprobación debía presentarse ante la autoridad superior junto con el reglamento respectivo.
Con los nuevos hallazgos, aumentan aún más las dudas sobre la política de pago y el enfoque que está adoptando la CCSS para atender esta problemática.
“Desde nuestra perspectiva no tiene la rigurosidad legal para efectos de determinar si es un nuevo incentivo salarial”, subrayó sobre este modelo de pago Lenin Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinae).