En la actualidad, compran el 90% de los bonos de Hacienda
La entrada en vigor de los fondos generacionales del régimen obligatorio de pensiones en abril próximo abre una nueva posibilidad para el financiamiento de obra pública y el impulso de política estatal, de acuerdo con expertos.
La medida de la Superintendencia de Pensiones (Supén), y promovida por las propias administradoras, busca diversificar las oportunidades de inversiones, así como maximizar los rendimientos de los ahorros de los afiliados. Según comenta Róger Porras, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), hasta ahora la oferta ha sido limitada para invertir en el desarrollo de la infraestructura nacional, pero esto podría cambiar a corto plazo, lo que desde su organización reciben de buena manera.
Históricamente, la mayor parte del financiamiento de obras como puentes, puertos o carreteras proviene de créditos directos del Gobierno o bajo la figura de concesión, por medio de la cual una empresa privada asume el capital inicial, construcción, administración y ganancias de ejecutar la iniciativa.
Pero, con los cambios en la regulación, se asoma la posibilidad de que opciones como titularización de la obra pública sirva como método para obtener los recursos, afirma Porras.
¿Qué es titularizar?
Una titularización consiste en convertir determinados activos, generalmente préstamos, en valores negociables en el mercado, en otras palabras, transformarlos en títulos de valores que se venden a inversores, tal y como lo ilustra Javier Cortés, estratega de Inversión de BN Valores.
Esto se puede hacer volviendo títulos la deuda, lo que permite a los interesados acceder a diferentes tramos de riesgo, diversificar su portafolio y obtener rendimientos ajustados a sus operaciones.
También se puede efectuar este procedimiento en activos, es decir, bienes, derechos y recursos con valor monetario. En el caso de la obra pública, sería la propia infraestructura y los recursos generados, como por ejemplo si se construye un aeropuerto, podría llevarse a cabo el procedimiento con los derechos de la terminal, administrarla y recoger los recursos económicos que obtiene.
Actualmente, no se utiliza esta modalidad en los flujos de la mayoría de iniciativas de obra pública en el país. “Se necesita tener un análisis de cuáles van a ser los flujos a futuro que va a generar ese proyecto, porque con eso se le va a ir repagando los inversionistas, que básicamente pusieron los recursos para el proyecto como tal”, comenta Cortés.
En estos momentos, se mantiene en la corriente legislativa el proyecto de ley 23.896 que permitiría al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) titularizar sus flujos de ingresos, con lo cual podría acceder a financiamiento de infraestructura a partir de fondos de inversión verdes.
En diciembre anterior la Superintendencia General de Valores (Sugeval) autorizó la inscripción un nuevo fondo de $200 millones para financiar la compra de autobuses por parte de empresas de transporte privadas.
Ambas proposiciones están relacionadas con la sostenibilidad ambiental, lo que las vuelve atractivas para un sector importante de inversionistas que tienen dentro de su normativa la obligación de colocar parte de sus recursos en proyectos amigables con el medioambiente, tal como lo explica Víctor Chacón, director ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión (CAFI).
Explica que esto es común entre gobiernos europeos que crean entidades destinadas a financiar propuestas en diferentes partes del mundo, como en el caso de la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ), la CDC, su equivalente de Inglaterra, o la Agencia de Cooperación Española.
Menciona también fondos privados de familias adineradas que desarrollan negocios en temas emergentes. “Los family offices son inversionistas que buscan productos sostenibles. Se puede mencionar los casos de Bill Gates o Jeff Bezos”.
Señala además a entidades internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que también tienen establecido destinar parte de su capital a proyectos verdes.


Javier Cortés
Estratega de Inversión
de BN Valores
“Los fondos de pensión ahora tendrán espacio para invertir en activos alternativos, es decir, en instrumentos de inversión no tradicionales, como por ejemplo una carretera”.

Mauricio Batalla
Ministro de Obras Públicas
y Transportes
“Nos hemos reunido con los operadores de inversión, pero el mecanismo para poner en ejecución este tipo de financiamientos no se ha validado a través de un reglamento”.

Víctor Chacón
Director ejecutivo de la CAFI
“Que destinemos un 10% de los fondos de pensión a infraestructura pública, a temas innovadores, ambientales o de energía, o capital de acciones empresariales, sería buenísimo”.