Según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al 9 de febrero de 2024 Costa Rica registra un total de 90 homicidios dolosos en comparación con el mismo periodo del año 2023, cuando se originaron 92 muertes violentas de ese tipo, es decir dos más que en la coyuntura actual.
De estos decesos, y haciendo el apartado por sexo, 88 de las víctimas de 2024 son hombres y dos mujeres. Mientras que, en 2023, y siempre en comparación con el mismo período, 75 eran de sexo masculino y 17 de sexo femenino.
Ahora bien, dichas cifras también revelan que el rango etario de entre 18 a 29 años es en el cual más muertes violentas han ocurrido con 35 homicidios, igualando en número a los fallecidos en 2023.
Por otro lado, el móvil de la mayoría de los asesinatos ocurridos a la fecha consiste en el ajuste de cuentas o venganza, que alcanza los 24 en lo que va del año, contra 65 de 2023.
Y con todo esto cabe destacar que los homicidas cometen el delito con armas de fuego, que son sus predilectas, y en segundo lugar de prioridad con armas blancas, siendo que este año 71 de esas muertes violentas se dieron a punta de bala.
Para culminar, las provincias que más muertes registran en este arranque de año son San José con 23, Limón con 21 y Puntarenas con 21. En tanto, Cartago, Alajuela, Guanacaste y Heredia reportan una menor incidencia con 9, 7, 7 y 2 respectivamente.
Con el panorama anterior, es posible aplicar aquel viejo adagio que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver, por cuanto el Organismo de Investigación Judicial se lanza a las calles limonenses con la denominada Operación Caribe.
Se trata de una contraofensiva para mitigar el impacto de la violencia en las calles, específicamente de Limón. Esta arranca a principios de enero y culmina el 4 de febrero.
En total hubo 26 días de operaciones durante los cuales la Policía Judicial logró evitar que ocurrieran decesos dolosos, lanzándose a los barrios más peligrosos del Caribe.
Con lo anterior, la pregunta que se hacen los costarricenses es: ¿por qué, si la autoridad judicial logró detener las muertes en Limón durante esos 26 días, no hacen lo mismo en todo el país?
De hecho, una vez culminada la Operación Caribe, las palabras del propio director del OIJ, Randall Zúñiga fueron, “para nosotros el deber ha sido cumplido, de nuestra parte estamos finalizando la operación”.
Zuñiga y sus equipos lograron bajar las incidencias criminales en un 40% en la región caribeña en tan solo 26 días. Entonces parece que la problemática no ocurre necesariamente por cuestión de dinero y quizás ni siquiera haga falta endurecer las leyes.
Tal vez sea una demanda de ponerse a trabajar, de entender que eso es que lo Costa Rica desea, ver en las calles a las autoridades, llámese OIJ, policía administrativa, SERT, PCD o cualquier cuerpo de primera respuesta contra las organizaciones criminales.
Probablemente el crimen organizado no desaparecerá de nuestro país, nadie puede garantizarlo, pero si nuestras autoridades responden como lo hicieron en Limón en el resto del territorio nacional, la ciudadanía verá con alivio y sentirá la protección de los encargados de poner el orden y resguardar a los ciudadanos.