ONU y ANEP se enfrentan por proyecto de huelgas

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) entraron en una disputa con respecto al proyecto de huelgas que se tramita en el expediente 21049.

En este momento dicho proyecto tiene aprobación en primer debate y espera se resuelva una consulta de constitucionalidad.

En un principio, ANEP presentó en conferencia de prensa un documento con la firma de 3 relatores especiales del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. 

Se trata David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clement Nyaletsossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, y Michael Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.

De acuerdo con ANEP, el texto es la posición de la ONU sobre el cuestionado proyecto de ley, que sintetizaron señalando que el trámite del expediente 21049 implica una amenaza contra los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por Costa Rica

El pronunciamiento sindical lo suscribieron la Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (Upins), la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice) y el Sindicato de Ingenieros del Instituto Costarricense de Electricidad (Siice).

Vargas Barrantes aseveró que los relatores comenzarían a enviar cartas a diputados, al presidente de la República, la ministra de Trabajo e incluso los magistrados de la Sala Constitucional para que con urgencia conocieran el documento en cuestión.

“Lo mínimo que tiene que hacerse es paralizar su trámite porque está en juego el prestigio internacional y credibilidad en materia de derechos humanos y además puede enturbiar las aspiraciones del país de estar en el Consejo de las Naciones Unidas”, expresó Albino Vargas Barrantes, secretario general de la ANEP.

COMUNICADO ONU

Sin embargo, en un comunicado que la oficina de la ONU en el país difundió horas después, se afirma que el criterio de los tres relatores no constituye la posición oficial de la entidad ni del Consejo de los Derechos Humanos al que pertenecen los funcionarios firmantes.

“La posición externada representa los criterios independientes de relatores y no es necesariamente la posición oficial del Consejo de los Derechos Humanos ni de la Organización de las Naciones Unidas”, se lee en el comunicado.

A lo que se agrega: “los relatores especiales trabajan de manera voluntaria y no son personal de la ONU. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual”.

DIARIO EXTRA cuestionó si la consulta que elevaron las agrupaciones sindicales se hizo sobre la base del texto que se aprobó en primer debate el pasado 4 de setiembre.

“Lo que el Consejo está conociendo es todo el documento que fue enviado a la Sala Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa para la discusión de la constitucionalidad o no del proyecto 21049, es decir todo el expediente ellos lo tienen”, afirmó Rafael Mora, asesor en materia política de la ANEP.

No obstante, ante las dudas que surgieron por el pronunciamiento de los relatores, un comunicado de ANEP dijo otra cosa: “Cuando presentamos la solicitud respectiva a los relatores especiales, el primer debate no sucedía aún: nuestra gestión tenía una finalidad preventiva”.

Además, se indica que “el proyecto de ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos (en adelante el proyecto de ley) fue presentado inicialmente el 25 de octubre de 2018 y el texto fue actualizado el 30 de agosto de 2019. Como se sabe el día 4 de setiembre quedó fijo el texto resultante del primer debate legislativo”, así todavía queda abierta la pregunta de cuál versión de texto estudiaron los relatores especiales en materia de derechos humanos.

En su pronunciamiento los relatores sí mencionan varios aspectos que consideran discrepancias con las normas y estándares internacionales de protección de los derechos humanos, por ejemplo la posibilidad de disolver un sindicato, el establecimiento de la cantidad de personal para poder efectuar una huelga, la prohibición de las “huelgas políticas”, la prohibición de huelgas con motivos repetidos, las limitaciones temporales al ejercicio de huelga, la reducción retroactiva de salarios y la ampliación de la lista de servicios públicos esenciales y otros protegidos de la huelga.

Ahora bien, el comunicado de la ONU que desmiente que los relatores sean personal a su cargo deja entrever que las recomendaciones “constituyen insumos valiosos que deben ser considerados por parte de los Estados. Es potestad del Estado costarricense valorar estas recomendaciones emitidas por los expertos internacionales y tomarlas en consideración a la hora de emitir su decisión final sobre la propuesta de ley”, cierra el capítulo.

Durante la conferencia que desarrolló ANEP, el especialista en materia laboral Esteban Calvo afirmó que las observaciones internacionales no deberían ser ignoradas y este documento en particular debe ser tomado en cuenta por los magistrados de la Sala Constitucional.

“El pronunciamiento de estos relatores tiene mucho peso para la Sala Constitucional, recordemos que este tribunal es garante de los derechos humanos, es su esencia; y ahora un organismo internacional, quizá el de más alto nivel en la materia, le hace saber a nuestro tribunal que este proyecto tiene graves violaciones a las materias internacionales en materia de derechos humanos”, concluyó el experto.

Las agrupaciones sindicales argumentaron que este documento ya está en poder de los magistrados constitucionales, los cuales en teoría tienen hasta el próximo 18 de octubre como plazo máximo para definir qué ocurrirá con el texto en cuestión.