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El asesinato del periodista y comunicador Camilo Rodríguez Chaverri no solo representa la pérdida de una vida humana, sino que también afecta el derecho de toda la población a recibir información, advirtió este martes el Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.
La organización condenó el homicidio, ocurrido el lunes 16 de noviembre en Santo Domingo de Heredia, y señaló que la violencia contra quienes ejercen el periodismo tiene consecuencias que van más allá de la víctima.
“El silenciamiento violento de un comunicador no solo arrebata una vida humana y vulnera derechos fundamentales, sino que genera un efecto amedrentador sobre todo el ejercicio periodístico y lesiona el derecho colectivo de la sociedad a estar informada y participar en el debate público”, manifestó la ONU.
Naciones Unidas pidió a las autoridades judiciales realizar una investigación pronta, que permita esclarecer los móviles del crimen e identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los intelectuales, para evitar que el caso quede en la impunidad.
En su pronunciamiento, Naciones Unidas indicó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos continuará acompañando los esfuerzos del Estado para establecer un mecanismo interinstitucional de prevención, protección y respuesta rápida para periodistas, personas defensoras de derechos humanos y operadores de justicia.
Además, reiteró su disposición de colaborar técnicamente con el Estado costarricense para fortalecer las condiciones de seguridad en las que se ejerce el periodismo.
La preocupación también fue expresada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), organización que pidió investigar prioritariamente si el asesinato de Rodríguez tiene relación con sus publicaciones y las amenazas que había denunciado.
“El asesinato de Camilo Rodríguez es una señal de alarma en un país considerado durante décadas como un referente de libertad de prensa en Centroamérica”, manifestó Artur Romeu, director de RSF para América Latina.
Costa Rica pasó del puesto 8 al 38 en su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa entre 2022 y 2026.
RSF también señaló que ha documentado un aumento de las presiones contra periodistas críticos, restricciones al acceso a la información pública y un ambiente que favorece la autocensura.
Rodríguez, de 50 años, fundó el periódico regional El Guapileño y en los últimos años difundía información desde sus propias redes sociales, especialmente TikTok. En sus publicaciones abordaba presuntos vínculos entre el narcotráfico y figuras políticas.
El periodista había denunciado amenazas antes de su asesinato. El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que había sido remitido al Programa de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.
Sin embargo, aclaró que Rodríguez se encontraba en el programa de atención y no había aceptado ingresar al de protección, cuya participación es voluntaria.