Definitivamente el agro está manos arriba, desde antes de la pandemia, este sector se sumía en una gran crisis, desde aspectos económicos hasta tecnológicos, el olvido del propio gobierno hasta los tratados de libre comercio y la poca competitividad país.
Es un cúmulo de tragedias las que golpean a los agricultores nacionales, muchos endeudados hasta los dientes, con cosechas que no dieron los resultados esperados, con ventas que no se concretaron y fincas que hoy tuvieron que ser reconvertidas para garantizarse alguna ganancia, aunque sea mínima y sobrevivir.
El grito de auxilio de este sector se escucha desde hace años, pero nadie hace por donde ayudarlos, los ministros de turno se hacen de la vista gorda mientras el drama aumenta, cada vez son menos los ticos que se dedican a labrar la tierra y con ello disminuyen las producciones para abastecer el consumo nacional.
La emergencia sanitaria está dando la estocada final a muchos hombres y mujeres distribuidos a lo largo y nacho del territorio nacional, que madrugan para sembrar, que hacen mil esfuerzos para cosechar y colocar sus productos, una buena parte endeudados.
Las restricciones impuestas por el mismo gobierno hicieron que una buena parte pusiera candados a sus negocios, mientras que otros han tenido pérdidas incuantificables.
Datos de abril del año anterior, es decir hace casi un año, señalaban la eventual catástrofe, se estimó en alrededor de ¢14.300 millones el daño a las actividades agropecuarias, lo cual en ese entonces representaba aproximadamente a 6.885 personas y 266 empresas. La mayor parte de las afectaciones se dio sobre las actividades agrícolas y agropecuarias destinadas a la exportación con un estimado de ¢12.667 millones por productos que no lograron ser enviados fuera de nuestras fronteras como: flores, follajes, piña, raíces, tubérculos, culantro coyote, melón, sandía, banano y banano dátil.
A hoy esas cifras deben haberse triplicado al menos, aunado a la merma en el turismo y con ello la caída del consumo local para comercios como hoteles o bien dentro de los mismos hogares, pues la plata no alcanza.
Entendemos muy bien lo que sucede, es claro que los agricultores ocupan un empujón, en su momento se creyó que el proyecto de Ley 21965 para para perdonar el 100% de deudas incobrables a 2.705 productores agrícolas era la solución a los problemas, pero parece que hay grandes dudas que lo rodean.
Se dijo que esta condonación se haría a través del Sistema de Banca para el Desarrollo y la suma es de poco más de ¢6.200 millones provenientes del Fondo Nacional para el Desarrollo (Fonade).
Sin embargo, hace tan solo unos días, El Diario del Pueblo dio a conocer que en las listas de beneficiarios figuran personas del sector que tienen más de 8 años de no pagar un colón de los créditos a su favor, es decir, no todo es atribuible a la pandemia.
Peor aún, trascendió que en las listas hay personas que ya el propio Registro Civil reporta como fallecidas, asunto que a todas luces debe ser revisado con minuciosidad.
Eso de condonar deudas de los últimos 30 años en un momento en que el país está cuasi quebrado no calza, esa no es la forma idónea de apoyar al sector. ¿Quién asumirá esas pérdidas? Si bien son cuentas incobrables, los costos de condonarlas recaen sobre el mismo Estado.
No está mal si se demuestra que los agricultores han tenido imposibilidad de pagar, pero no es justo perdonar a otras personas que han sido menos responsables.
Es obvio que los diputados quedarán como los grandes si votan este proyecto, pero antes debe depurarse el listado, hacer como dice el diputado Jonathan Prendas una declaración jurada de las razones que dieron al impago de deudas, es lo correcto cuando están de por medio miles de millones de dinero público.
Estamos convencidos de que los agricultores con tal de demostrar sus afectaciones no dudarán en presentar pruebas y, una vez hecho este proceso que sean perdonadas, eso sí, que de forma paralela se gestione todo un proyecto de reactivación, pues de lo contrario, en 10 o 20 años más, estaremos en las mismas.