Poder Judicial presentó presupuesto para 2025 en Congreso
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República solicitaron 600 plazas para atender el crecimiento del crimen organizado.
Esta cifra se dio a conocer en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa durante la presentación del presupuesto del Poder Judicial, que alcanza los ¢521.000 millones.
Randall Zúñiga, director del OIJ, señaló que, aunque realmente requieren 1.200 puestos de investigadores a nivel nacional, sugirió que se valoren recursos adicionales para incorporar 350 plazas, de las cuales al menos 120 serían para indagación y 230 para soporte del proceso, es decir, ingenieros que hagan el peritaje.
“Si queremos disminuir la curva de homicidios y ver resultados más positivos, hay que invertir. El problema de mantener la curva uno o dos años en los 900 homicidios es que al tercer año va a aumentar”, dijo.
Esta cantidad de plazas representa una inversión extra cercana a los ¢10.000 millones para el presupuesto de 2025 del Poder Judicial.
Por otra parte, Carlo Díaz, fiscal general, solicitó 250 puestos más para funcionar de manera adecuada en relación con el ritmo de crecimiento de la criminalidad. “La carga por fiscal de trabajo es bastante alta, aproximadamente 250 expedientes por persona fiscal auxiliar. Tenemos muchas carencias, especialmente en cuatro ramas: el crimen organizado, delitos contra la corrupción y la función pública, delitos contra violencia de género y los delitos informáticos”, explicó.
Asimismo, aseguró que existen déficits para la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en especial para la etapa de juicio. “Nosotros no podemos llevar más casos de los que desearíamos porque son muy limitados los tribunales que existen, dos tribunales para atender los juicios en esta Jurisdicción tan importante”, agregó.
Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública, indicó que es necesario asignarles más fondos para contar con mayor cantidad de defensores públicos, ya que atienden competencias laborales, agrarias, de pensiones alimentarias y penales.
“No se pueden hacer operativos, juicios o audiencias si no se cuenta con la suficiente cantidad de personas defensoras públicas. En nuestro país la Defensa Pública es utilizada por un 80% de presencia en nuestros tribunales”, recalcó.
Además, reiteró que se necesitan recursos para la JEDO, de lo contrario se retrasarían algunos juicios en esta materia.
CIFRAS
A pesar de que el Poder Judicial recibirá ¢521.000 millones para 2025, manifestaron que hay múltiples necesidades sin contenido presupuestario que ascienden a los ¢53.601 millones, de los cuales ¢31.581 millones corresponden al aumento de casos del OIJ durante 2023 y ¢8.563 millones para reducir el rezago judicial en materia penal.
También advirtieron que existen tres reformas legales que llegaron al Poder Judicial sin contenido presupuestario y que consumen ¢2.592 millones de sus recursos, entre estas la Ley de Bienestar Animal.
Dentro de las prioridades para el uso del dinero asignado está la construcción de la morgue en Buenos Aires de Puntarenas por un monto de ¢3.400 millones, así como la reforma del Código Procesal de Familia, por ¢3.895 millones.
DIPUTADOS
Pilar Cisneros, diputada de Progreso Social Democrático, destacó que el presupuesto del Poder Judicial se realizó en conjunto con el Ministerio de Hacienda y defendió que el Gobierno le otorgó ¢13.000 millones más.
“Quiero dejarle bien claro a los costarricenses que, aunque la Constitución manda que el presupuesto del Poder Judicial sea del 6%, se le está dando el 6,75%, es decir, ¢57 mil millones de más”, evidenció.
Además, mencionó que ese incremento se debe a que el Poder Ejecutivo está consciente de la labor tan relevante que realiza el Poder Judicial.
No obstante, las autoridades judiciales aclararon que los ¢13.000 millones que apunta la oficialista fueron destinados a proyectos específicos solicitados por el Ejecutivo y no para necesidades del Judicial.
En tanto que José Joaquín Hernández, legislador de Liberación Nacional, les consultó con qué recursos humanos cuentan para atender los delitos informáticos, que han crecido posterior a la pandemia.
Díaz respondió que poseen únicamente cinco fiscales y cuatro técnicos dentro de la Unidad Especializada para encargarse del incremento de denuncias, mientras que el director del OIJ indicó que tienen 20 personas en la Unidad de Cibercrimen, que no es suficiente para asumir casos de legitimación de capitales.
