Para evitar crímenes como el de Yuliana
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), urgió de la aprobación de una ley que autorice la creación de un banco de ADN de agresores sexuales que descuenten penas de cárcel superiores a cuatro años.
Esta solicitud llega tras la sentencia de cárcel en contra de Víctor Acuña, alias Hugo Loco, como responsable de la muerte de Yuliana Quirós.
El hombre fue condenado a 80 años de prisión por los Tribunales de San Carlos.
Previo al asesinato de Quirós, dicho sujeto debió cumplir una pena de prisión y por un “descuento” de la privación de libertad logró salir anticipadamente.
“Cuando sale este sujeto (Acuña), vuelve a cometer una violación sexual, ahí es donde nosotros podríamos actuar teniendo de previo el ADN de este sujeto y se hubiera evitado la muerte de Yuliana, hipotéticamente”, aseveró Zúñiga.
El jerarca señaló que en la actualidad las autoridades judiciales no tienen la posibilidad de ir a los centros penitenciarios para obtener el ADN de las personas condenadas por delitos sexuales o por crimen organizado.
“Lo que se quiere es poder hacer ese levantado y se requiere de algún tipo de autorización ante la ley”, explicó.
Zúñiga recordó que actualmente hay dos propuestas de ley que tienen la intención de crear este banco genético de ofensores sexuales. Uno de estos expedientes es el 23.886, “Ley para creación de registro público de los sentenciados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual”, que ya recibió el aval de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
La base de datos facilitaría la identificación y localización por parte del Estado y el sector privado, vinculado con el cuido y tutela de menores, de las personas con antecedentes de delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual.
“Lo que requerimos es esa autorización para realizar ese levantado de hisopado bucal de todas las personas que están descontando penas de prisión superiores a los cuatro años”, agregó.
La Procuraduría General de la República emitió recientemente una serie de recomendaciones que se deberían considerar con miras a que no existan problemas para el avance y aprobación del proyecto del banco genético de agresores sexuales.
Uno de los señalamientos es que la iniciativa de ley propone un plan de seguimiento para los ofensores sexuales que debería estar a cargo del OIJ.
Los magistrados de la Corte Plena habían indicado que esta iniciativa afectaría el funcionamiento del Poder Judicial y cuestionaron que la toma de material genético no hiciera distinción entre mayores y menores de edad.
La policía judicial cuenta con una base de datos, conocida como Codis, en donde a cada persona detenida se le realiza un hisopado bucal para obtener su saliva, que es incluida en este registro.
