OIJ sin gasolina a partir de diciembre

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se quedaría sin fondos para pagar gasolina y viáticos a partir de diciembre.

Así lo detalló Michael Soto, director interino de la institución debido al recorte de ¢3.053 millones a la partida de gastos operativos del Poder Judicial, lo cual podría comprometer la seguridad del país.

El funcionario advirtió que esta situación obligaría al OIJ a reducir operativos, priorizar investigacionese incluso replantear la atención de algunos servicios durante el cierre de este año.

Esto afectaría el uso de unidades que realizan investigaciones, que levantan cuerpos y las pruebas necesarias para una gran gama de delitos

“Esta situación pondría en una situación muy vulnerable, la seguridad del país”, enfatizó Soto.

Problemas de liquidez

Según los jerarcas de la Corte Suprema de Justicia y de la policía judicial, el recorte que ordenó aplicar el Ministerio de Hacienda afectaría tareas básicas que realiza este Poder desde finales de este año.

La magistrada presidenta de la Sala Penal, Patricia Solano, cuestionó cuál es el trasfondo de estos recortes, luego que el expresidente Rodrigo Chaves, ha dicho que “van por el Poder Judicial”.

El fiscal general, Carlo Díaz, denunció que el Ministerio Público no podrá contratar dictámenes periciales ni traducciones oficiales, lo que obligaría a las víctimas a pagar por estos servicios si desean que sus casos avancen. 

“Vamos a tener que decirles a las víctimas si usted quiere que su caso avance, va a tener usted que pagar los peritajes que son bastante cuantiosos”, afirmó el fiscal general. 

Esta parálisis afectará investigaciones de narcotráfico, atención a poblaciones indígenas y la entrega de implementos médicos vitales para víctimas de violación, además de frenar remodelaciones necesarias para reducir el hacinamiento en las oficinas judiciales.

La Defensa Pública advirtió sobre el posible cierre de cerca de 20 oficinas debido a la insuficiencia de recursos. 

El director de esta entidad, Juan Carlos Pérez, señaló que esta situación desprotegerá a poblaciones vulnerables, como mujeres y niños que requieren trámites de pensiones alimentarias o trabajadores víctimas de acoso laboral, quienes ahora deberán enfrentar mayores costos y desplazamientos para acceder a la justicia.

Sin flujo de caja

La directora ejecutiva, del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero, indicó que esta medida afecta directamente el flujo de caja necesario para servicios básicos como gasolina, viáticos, peritajes y mantenimiento de infraestructura, dejando a la institución en una situación de vulnerabilidad extrema para lo que resta del año.

Romero explicó que, para el resto del año, el Poder Judicial tiene asignado para estos gastos operativos cerca de ¢7 mil millones, pero el Gobierno le estaría quitando el 42% de ese rubro.

Jorge Alpízar / Anthony Castro Gómez