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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encendió las alarmas ante la propuesta del Poder Ejecutivo presentada a la Asamblea Legislativa, la cual pretende eliminar la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 13% que la institución mantiene para sus compras de bienes y servicios a partir del año 2027.
Según detalló Michael Soto, director a.i. del OIJ, la aplicación de este tributo significaría un severo recorte indirecto a las arcas de la policía judicial, restando aproximadamente ₡3.969 millones de su capacidad financiera para combatir a la delincuencia.
“Si nos cobran el IVA en todos los productos y equipos que adquirimos en el 2027, implicaría una disminución en el presupuesto de ₡3.969 millones. Situación que torna complicada la operatividad y la compra de equipo, ya que afectaría directamente el tema de las compras”, aseveró Soto.
La exoneración había sido otorgada al OIJ desde el 2023 como un mecanismo para dotar de mayores recursos a la policía investigativa en medio de la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Al ser consultado sobre el impacto real que tendrá esta medida en las calles, Soto fue enfático en que la restricción presupuestaria incidirá de manera negativa en la operatividad operativa de los agentes, la compra de repuestos y la renovación de pertrechos clave para resolver homicidios y desarticular bandas de narcotráfico.
“Era un dinero que utilizábamos para hacer más compras y ahora, al tener que pagar el IVA, significa que tendríamos casi ₡4.000 millones de menos. Efectivamente nos va a afectar en una condición tan delicada como la que está el país”, puntualizó el jefe policial.
El cobro del IVA al OIJ forma parte de un proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Hacienda para “depurar y racionalizar” el ordenamiento tributario, reduciendo beneficios fiscales que benefician a distintas entidades.
La iniciativa no solo impactaría a la policía judicial, sino que también contempla derogar exoneraciones y tarifas reducidas al Benemérito Cuerpo de Bomberos, juntas de educación, Asadas, asociaciones de desarrollo y universidades estatales.
Según el Ministerio de Hacienda, el paquete total de exoneraciones en análisis representa un gasto tributario del 0,63% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a unos ₡348 mil millones.
No obstante, la postura del OIJ es clara: recortar recursos en insumos y equipamiento en este momento histórico de criminalidad pone en jaque la efectividad de los procesos judiciales en el país.