Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), criticó las diferencias salariales causadas por la Ley Marco Empleo Público, que están ocasionando la fuga de talentos en este cuerpo policial.
Lo que pone en riesgo la funcionalidad de este órgano tan importante, que apoya en resolución de delitos como narcotráfico, crimen organizado, sicarito, homicidios, femicidios y desapariciones, entre otros.
Actualmente una persona que ingrese a la policía judicial ganaría más que alguien con cinco o 10 años de estar en planilla.
Por ejemplo, un agente de protección 1 que ingrese actualmente a la institución ganaría ¢984.153 y alguien en ese mismo puesto sin la aplicación de esta nueva norma y con más años de experiencia percibe ¢867.525, es decir, ¢116.628 menos.
Cabe señalar que uno de los principales motivos por los que dicha institución experimenta ese fenómeno se debe a esta ley.
De acuerdo con Zúñiga, esta legislación, lejos de venir a generar una igualdad o equidad salarial, genera disparidades en la mayoría de los puestos.
“No es posible que una persona de primer ingreso gane mucho más que una que tiene 10 o 15 años de trabajar en el mismo puesto. Eso lo único que genera es desmotivación para la persona que ha trabajado durante muchos años para la organización”, detalló.
Recientemente Karla Granados, directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, y Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, llegaron a la Comisión de Asuntos Hacendarios para defender los presupuestos de instituciones, momento en que la diputada Pilar Cisneros hizo algunos cuestionamientos.
En una de sus intervenciones la legisladora de la fracción oficialista consultó por las diferencias entre los salarios de un gerente y un subgerente.
“Otra cosa que me llama la atención, se supone que justamente la ley de salario global lo que pretende uniformar de cierta manera son los salarios del sector público para que no ocurran cosas como las que ustedes están consignando aquí.
Por ejemplo, un gerente de departamento en desarrollo estratégico institucional gana ¢1.660.000, pero resulta que el subgerente del departamento gana ¢2.804.000, ¿entonces cómo es eso? Yo nunca he visto que el subjefe gane más que el jefe, más del doble”, cuestionó Cisneros.
En relación con dicho cuestionamiento, el director del OIJ dijo estar sorprendido porque esos comentarios denotan desconocimiento de la situación.
“El tema es que tiene que existir una ganancia para el Estado. Estoy a favor de que el Estado mejore sus finanzas, pero no de que exista una finalidad en la ley misma que nos haga perder miles de millones de colones de una manera ilógica.
Hasta la fecha no hay un solo informe técnico que diga cuánto y cuándo se va a ahorrar el Estado con el hecho de que el OIJ pueda permanecer dentro de la Ley Marco de Empleo Público”, agregó Zúñiga.
370 TALENTOS EN FUGA
Un estudio del OIJ registra la renuncia de 370 funcionarios especializados, debido a la situación salarial de la institución, lo cual provoca que el personal decida irse a otras entidades o la empresa privada.
El reemplazo de estas salidas tiene un costo estimado de ¢125.000 millones, de acuerdo con cifras de la policía judicial, mientras que pagar los salarios de estos funcionarios habría significado una inversión de ¢80.000 millones.
Sin embargo, Randall Zúñiga, director del OIJ, considera que la afectación más grave no está relacionada con el tema económico, sino con la pérdida de experiencia que deben asumir para lograr la resolución de los casos.
OPINA
Randall Zúñiga
Director del OIJ
“No es posible que una persona de primer ingreso gane mucho más que una que tiene 10 o 15 años de trabajar en el mismo puesto”.