Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), le respondió al diputado verdiblanco Gustavo Viales, luego de que este solicitara a la institución cómo se suponía que se financiaría el nuevo Centro de Capacitación.
Se debe recordar que Viales trasladó esa inquietud al OIJ luego de que la Corte Plena alertara que el expediente 21.643 no cuenta con contenido presupuestario.
Esa es una de las principales razones por las que los magistrados coincidieron en que el proyecto afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial, razón por la que el plan requeriría mayoría calificada (38 votos) en el plenario.
Según el informe de Gerardo Rubén Alfaro, magistrado de la Sala III, la iniciativa provocaría que la planilla actual del OIJ se vea aumentada en momentos que el Poder Judicial enfrenta problemas presupuestarios y el Estado no logra superar el déficit fiscal.
SÍ HAY RECURSOS
Pese a esas inquietudes y en respuesta a un oficio remitido por Viales, Espinoza aclaró que la institución sí tiene margen para utilizar recursos de sus propias partidas para el nuevo centro.
En el documento, del cual DIARIO EXTRA tiene una copia, se lee lo siguiente: “En relación con el presupuesto es importante tomar en consideración que el mismo proyecto propone por medio de los transitorios II y III la utilización de los recursos ya existentes, por lo que la carga económica inmediata que sobrellevaría la Institución para atender este Centro de Capacitación ya está prevista dentro de las partidas presupuestarias en relación con el aspecto salarial de las personas funcionarias, pues serán las mismas plazas que existen en la Escuela Judicial, los costos de insumos y demás importes dinerarios ya presupuestados, por lo que el movimiento que se tendría que efectuar es disponer el traslado de estos recursos bajo la administración de este Organismo para conseguir los frutos esperados con el proyecto”.
Agrega: “De manera tal que al entrar en vigor dicho Centro la disposición económica continuará en las mismas condiciones que se ha venido asignando a la Escuela Judicial, con la única diferencia de que el contenido económico será adjudicado a este Organismo. Asimismo, en armonía con la capacidad para ofrecer servicios académicos se fortalecerá el manejo económico del Centro de Capacitación por cuanto este ingreso podrá financiar las mejoras que deban implementarse en los procesos de formación de la policía judicial”.
CONTRADICE MAGISTRADOS
En el documento Espinoza también hace eco de la importancia de generar la nueva escuela al indicar: “Para consolidar este Centro de Capacitación resulta esencial que la administración esté en manos de personal que ostente conocimientos policiales suficientes, con el objetivo de abarcar las necesidades particulares de capacitación que requiere el personal de esta organización, pues esto asegurará resultados positivos en las investigaciones criminales que tenemos a cargo”.
Además en relación con la malla curricular en la formación de funcionarios del OIJ, aspecto en el que el magistrado Alfaro consideró razonable e idóneo que la capacitación de los funcionarios del OIJ esté a cargo de la dirección general de dicho ente y no de la Escuela Judicial, ya que está claro que personal del propio Organismo es el que mejor conoce las destrezas técnicas y los procedimientos específicos indispensables para cumplir con las funciones que tienen a cargo, hay quienes señalan que el diseño de los programas no puede corresponder exclusivamente a esa institución.
Por ejemplo, Román Solís, magistrado propietario de la Sala II, advirtió que el nuevo centro debe estar dirigido por un consejo integrado por la Corte y el OIJ.
Dijo que es necesario velar que las mallas curriculares de los futuros colaboradores sigan incluyendo temas como el respeto a los derechos humanos, cívica y respeto al Estado constitucional, entre otros. Teme que la policía judicial se convierta en represiva.
Sobre ese punto Espinoza acotó: “A diferencia del criterio manifestado por Corte Plena, al recaer la dirección de la capacitación de la policía judicial en un Centro Especializado no se pretende anular la participación del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, sino que este representa el fortalecimiento de los procesos formativos y la agilización de las actividades académicas manteniendo la capacidad de intervención dicho órgano que operará como figura moderadora de las acciones que se implementen en las mallas curriculares”.