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Las relaciones impropias no solo constituyen un delito en Costa Rica, sino que también pueden derivar en dinámicas de control, manipulación y abuso hacia las personas menores de edad. Así lo advierten especialistas del Organismo de Investigación judicial (OIJ).
De acuerdo con María José Rodríguez, socióloga de la Policía Judicial, este tipo de vínculos se caracteriza por una relación desigual entre un adulto y un adolescente, donde existe una diferencia significativa en la madurez emocional y en las condiciones de poder.
“Las personas menores de edad están en un proceso de formación y crecimiento, mientras que la persona adulta tiene mayor capacidad económica, psicológica y emocional. Eso genera una relación de poder que coloca a los adolescentes en una condición de vulnerabilidad”, explicó.
Según detalló la especialista, esta desigualdad puede manifestarse a través de diferentes mecanismos de control, como el uso del dinero, regalos o beneficios materiales para influir en la persona menor de edad.
“Ese poder puede ejercerse desde lo económico, por ejemplo, cuando la persona adulta tiene la posibilidad de proveer cosas que para un adolescente pueden ser muy significativas. También puede darse desde lo psicológico o emocional dentro de la relación”, agregó Rodríguez.
Por su parte, Rosa Emilia Díaz Arce, investigadora de la Unidad de Asesores Operativos e Investigación Psicosocial, indicó que este tipo de relaciones suele generar consecuencias profundas en la vida de las víctimas.
“Cuando una persona menor de edad se involucra en una relación de este tipo, muchas veces termina sometida a los deseos de la persona adulta. Esto puede provocar afectaciones emocionales importantes y cambios en su proyecto de vida”, señaló.
Entre las consecuencias más frecuentes se encuentran el abandono de los estudios, el aislamiento de la familia y las amistades, así como situaciones de dependencia económica y emocional.
Además, Díaz advirtió que estos vínculos pueden derivar en problemáticas adicionales como embarazos en la adolescencia o conflictos familiares que afectan el desarrollo de la persona menor de edad.
“El embarazo adolescente puede traer consigo deserción escolar, dificultades económicas y una carga emocional muy fuerte para alguien que aún está en proceso de desarrollo”, explicó.
Las especialistas también señalaron que durante años este tipo de relaciones fueron socialmente normalizadas en distintos contextos culturales, lo que ha dificultado reconocerlas como una forma de abuso.
“Históricamente estas situaciones se veían como algo normal, pero hoy sabemos, gracias a los estudios de las ciencias sociales, que existe una relación de poder que puede poner en mayor vulnerabilidad a las personas menores de edad”, indicó Rodríguez.
Ante este panorama, las expertas insisten en la importancia de no romantizar ni justificar este tipo de vínculos y recordar que la legislación costarricense los tipifica como un delito.
Asimismo, hacen un llamado a las familias y a la comunidad a mantener espacios de diálogo con los adolescentes y a denunciar cuando se tenga conocimiento de una situación de este tipo.