
El presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, Gonzalo Ramírez, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), acusó a diputados de Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (FA) de intentar “desordenar” la sesión en la que compareció el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya.
Las declaraciones surgen después de los enfrentamientos registrados durante la audiencia, cuando legisladores de oposición reclamaron que la presidencia no les permitió utilizar la palabra por el orden para plantear consultas relacionadas con el procedimiento de la sesión.
“Mientras intentamos que los costarricenses conozcan cómo se manejan los recursos públicos en la Universidad de Costa Rica, la oposición del PLN y el Frente Amplio intentó desordenar la Comisión con gritos, interrupciones y constantes solicitudes de la palabra por el orden”, afirmó Ramírez.
El oficialista cuestionó las razones detrás de las intervenciones y aseguró que continuarán fiscalizando el uso de los recursos públicos en las universidades.
El diputado Eder Hernández, del PLN acusó a la Presidencia de la comisión de irrespetar el Reglamento Legislativo al impedir intervenciones por el orden.
Hernández también denunció que se intentó utilizar la seguridad de la Asamblea Legislativa para retirar a uno de sus asesores de comunicación.
“La Presidencia de dicha comisión ultrajó el reglamento, silenció a los diputados que querían hacer uso por el orden”, afirmó.
El liberacionista anunció que presentará un recurso de amparo para generar un precedente sobre lo ocurrido.
La diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, también cuestionó el manejo de la audiencia y sostuvo que no se permitió realizar preguntas básicas sobre el funcionamiento de la sesión.
Segura consideró además que parte de los cuestionamientos realizados durante la comparecencia se alejaron del objetivo de la investigación legislativa y se convirtieron en un “juicio político” contra las universidades públicas.
En la comparecencia, el rector de la UCR fue citado por una investigación que busca fiscalizar el uso de recursos públicos de las universidades estatales, con especial énfasis en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).


