Oficialismo recorta fondos de las universidades en segunda votación

Los diputados aprobaron un recorte de ¢8.048 millones de los recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para destinarlos al pago de contribuciones patronales pendientes con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), mediante una moción al Presupuesto Nacional de 2027.

La modificación al plan de gastos tuvo que votarse en dos ocasiones debido a que, inicialmente, la diputada de Pueblo Soberano (PPSO), Kattia Ulate, votó en contra por error.

“Me parece que doña Kattia Ulate tuvo un error, es evidente, presentó la moción de revisión, es una situación que se puede presentar en cualquier momento, completamente fortuita”, comentó Acosta sobre la situación.

La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó la moción de revisión que permitió volver a discutir el recorte. En el segundo intento, la propuesta recibió los seis votos de los legisladores oficialistas.

La propuesta generó oposición entre diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Frente Amplio (FA), quienes señalaron posibles consecuencias para las sedes regionales, las becas y los programas universitarios.

Diana Murillo, del PLN, aseguró que los recortes podrían comprometer la continuidad de centros académicos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“Estamos hablando de un posible cierre técnico de sedes universitarias en las zonas rurales, zonas que durante décadas han reclamado la presencia de las universidades públicas para darle mejores oportunidades a los jóvenes y que hoy se ven amenazados con una moción de gran impacto que podría afectar la operación de estos centros académicos”, aseguró la legisladora.

Murillo también advirtió sobre los efectos en las becas socioeconómicas, las residencias estudiantiles y los servicios de comedor.

Salvador Padilla, también del PLN, cuestionó que la discusión presupuestaria afecte a regiones que requieren oportunidades de formación y empleo. Señaló que la sede del TEC en Limón imparte carreras vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, conocidas como STEM.

“El gobierno ha decidido con estos recortes afectar a esas zonas, al estudiantado, a sus familias y a la movilidad social que genera la educación pública para aquellas personas que no pueden pagar una universidad privada”, indicó Padilla.

Desde el Frente Amplio, Antonio Trejos sostuvo que los aportes a las pensiones de los educadores, administrados por Jupema, no deberían depender de reducir los recursos para la educación superior.

Además, señaló vicios de constitucionalidad en la propuesta, ya que se recortarían recursos que forman parte de un acuerdo negociado entre el Ejecutivo y las universidades estatales.

“La Sala Constitucional ha dicho que, a esos recursos impostergables, constitucionalmente la Asamblea no puede reducirlos. La objeción constitucional debe quedar expresamente consignada porque esto no se va a sostener ante los tribunales. Lo que están haciendo es muy injusto, es ilegal y es inconstitucional”, aseveró Trejos.

La fracción oficialista defendió la moción como una vía para atender una deuda con el magisterio. Gerald Bogantes, de Pueblo Soberano, afirmó que los recursos en discusión fueron postergados durante la pandemia y que ahora existe una disyuntiva entre destinarlos a las universidades o financiar las contribuciones patronales.

A setiembre de 2026, la deuda del Ministerio de Educación Pública (MEP) con Jupema asciende a ¢75.000 millones.

“Hay 88 mil maestros hoy que tienen en riesgo la pensión, en tanto no se pueda cumplir con la obligación que asumieron otros gobiernos y no pagaron cuotas que correspondían. Es así como justificamos esta moción”, mencionó Bogantes.

Los fondos postergados del FEES corresponden a un monto acumulado de ¢62.590 millones de los años 2020 y 2021, que se acordó distribuir en ocho tractos anuales a partir de 2026.

Estos recursos adicionales deben utilizarse exclusivamente para inversión de capital y distribuirse de forma equitativa entre las universidades públicas, con un ajuste técnico para la UTN.

Para 2027, se presupuestaron ¢8 mil millones de estos recursos.

La discusión se mantiene en el marco del análisis del Presupuesto Nacional de 2027. Acosta indicó que el Gobierno revisaría las mociones presentadas hasta ese momento antes de continuar con las restantes.

Distribución del recorte

• Universidad de Costa Rica: ¢1.900 mil millones
• Tecnológico de Costa Rica: ¢1.900 mil millones
• Universidad Nacional: ¢1.900 mil millones
• Universidad Estatal a Distancia: ¢1.900 mil millones
• Universidad Técnica Nacional: ¢448 millones

Fuente: Expediente Legislativo No. 25754

Nogui Acosta

Diputado PPSO

“Es una decisión del gobierno, nosotros creemos que hay que cumplir, hay prioridades. Hoy la prioridad es darle los recursos a Jupema para poder asegurar que los trabajadores de la educación se puedan pensionar”.

Grettel Ávila

Diputada PPSO

“Lo que se pretende es honrar esa deuda con Jupema y que estos educadores, en el momento en que lleguen a su jubilación, no se vean afectados, es avanzar en el cumplimiento de esas obligaciones mediante la asignación de los recursos”.

Antonio Trejos

Diputado FA

“El hecho de que se les esté adeudando a nuestras maestras pensionadas no es una justificación para meterle tijera a los estudiantes y quitarles la posibilidad de acceder a una educación de calidad en Costa Rica. Ninguna de esas obligaciones debería estar contrapuesta”.

Diana Murillo

Diputada PLN

“Hemos visto que se incumplen acuerdos de la comisión de enlace del FEES que ya estaban firmados. Se traslada la disputa técnica a esta Asamblea Legislativa mediante recortes presupuestarios unilaterales. Aquí estamos hablando del futuro de los estudiantes, principalmente de nuestras zonas rurales”.