Oficialismo limitaría plazos de la Contraloría
Iniciativa de Ada Acuña planea imponer sanciones
El oficialismo presentó un proyecto de ley que pretende imponer plazos a la Contraloría General de la República (CGR) para resolver recursos y aprobar contratos, con el fin de dar mayor seguridad jurídica y evitar atrasos que afectan el funcionamiento de instituciones y empresas públicas en competencia.
La iniciativa, impulsada por la diputada Ada Acuña Castro, contempla sanciones administrativas contra los funcionarios que incumplan esos tiempos.
“Proponemos principalmente que se acoja a los plazos de la Ley de Administración Pública en términos de resolución. Queremos que sea más ágil en tiempo”, afirmó la legisladora.
La reforma a los artículos 20 y 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría establecería un límite de 30 días hábiles para la aprobación de contratos y de 15 días en el caso de empresas públicas en competencia.
También obligaría a la CGR a resolver impugnaciones conforme a los tiempos fijados en la Ley General de la Administración Pública y en el Código Procesal Contencioso-Administrativo.
Según el texto propuesto, los recursos de apelación pueden tardar hasta nueve meses en resolverse, lo que a criterio de los proponentes pone en riesgo la operación de entidades que requieren autorizaciones rápidas para competir en el mercado.
Como ejemplo, citan los recursos presentados por el Sinart desde noviembre de 2023, que la Contraloría advirtió resolvería hasta setiembre de 2024.
“Aquí estuvimos casi ocho meses analizando el caso del Sinart y mientras tanto no podía una empresa pública generar ninguna administrativa, porque la Contraloría se tomó un plazo de casi 10 meses”, señaló Acuña.
De aprobarse la iniciativa, la falta de pronunciamiento dentro de los plazos activaría el silencio positivo y el incumplimiento reiterado implicaría responsabilidad disciplinaria para los funcionarios de la Contraloría. Con esto, el oficialismo busca limitar los tiempos de reacción del órgano fiscalizador y forzarlo a dar mayor celeridad en la tramitación de gestiones de las administraciones públicas.