Oficial habría reclutado policías para colaborar con grupos criminales

Un oficial de la Fuerza Pública figura como el presunto cabecilla de una estructura integrada por policías que, según un informe de inteligencia, colaboraría con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, el contrabando de licor y otras actividades ilícitas en la Zona Sur del país.

Según se detalla en un informe elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) para la Dirección Regional Brunca Sur.

El documento (oficio MSP-DM-DVURFP-DGFP-DIAC-DOEI-UAI-220-2025 Amenazas a funcionarios de GAO REGIÓN 10) revela un estudio realizado a 122 oficiales, de los cuales 116 estarían vinculados a algún tipo de delito o con expediente criminal único.

De acuerdo con el documento, el funcionario de apellido Moya habría desempeñado el papel de reclutador, incorporando a otros oficiales para colaborar con estas organizaciones.

El informe señala que, tras analizar la información recopilada, se concluyó que existiría una estructura jerárquica conformada por policías que mantenían vínculos con grupos criminales, principalmente con la organización conocida como “Whiskeros”, dedicada al contrabando de licor.

Funciones

Según el documento, varios oficiales presuntamente brindaban seguridad a cargamentos de droga, realizaban labores de escolta a vehículos utilizados para el transporte de estupefacientes, colaboraban en la coordinación de aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas y facilitaban apoyo logístico a las organizaciones criminales.

Asimismo, el informe indica que otros funcionarios habrían colaborado con los “Whiskeros”, suministrando información sobre retenes y controles policiales, coordinando rutas para el traslado de licor de contrabando y brindando custodia a los vehículos utilizados en esas actividades, a cambio de pagos económicos.

El documento agrega que, aunque se revisaron los antecedentes de 122 oficiales destacados en la Dirección Regional Brunca Sur, no se descarta que la cantidad de funcionarios presuntamente vinculados con actividades ilícitas sea mayor.

No obstante, el propio informe aclara que gran parte de la información proviene de fuentes humanas confidenciales y que muchos de los señalamientos aún no han sido confirmados, por lo que corresponderá a las autoridades competentes determinar la existencia de eventuales responsabilidades penales o administrativas.