CONSULTA: Con todo respeto, me refiero a su artículo “Uber: derechos de conductores y pasajeros contra abusos policiales”, de fecha 26 de julio del presente año.
Poco objetiva considero su apreciación, incluso hasta difamatoria. Son varios puntos en lo que discrepo, procuraré ser puntual.
“Las leyes regulan el comportamiento social necesario para su desarrollo. Si existen cincuenta mil o más carros de Uber, es porque la sociedad los necesita”.
Como profesional en leyes que es usted, llama la atención que impulse y promueva el transporte ilegal con argumentos tan sin fundamento.
NO es cierto, usted y todos lo sabemos, la cantidad de vehículos Uber no cumplen una necesidad. Además, llama la atención que se refiera solo a esa aplicación.
La respuesta a esta apreciación es simple. La necesidad y mala cultura del tico es regatear precios, sin importar su origen. Así sea ilegal su procedencia, en todos aspectos y el transporte no es la excepción.
La competencia leal es lo que debe prevalecer, en cualquier ámbito, comercio, transporte, profesional o prestación de servicio. Y todo debe ser regulado y supervisado. De lo contrario, los ciudadanos quedamos desprotegidos. De hecho, ya se sabe, en ese tipo de modalidad de servicio, llámese Uber, Nova o la más reciente “pa chepe”, entre otras, las personas viajan bajo su propio riesgo.
Muy oportuno aclarar también las cargas y obligaciones que tenemos los taxistas, precisamente al ser regulados por ley.
Si existe demanda de servicio de transporte de personas, son bienvenidos, todos en igualdad de condiciones amparados y regulados por ley. Es solo cuestión de aprobar más concesiones.
“Los agentes de tránsito de pronto se transformaron en fiscales …”. Esta aseveración bien vale la pena aclarar a qué se refiere usted, y no convertirse en juez y jurado.
Además, esta cantidad de carros que usted menciona aumentan el flujo vehicular y consumo de combustible, contrario a la propuesta del gobierno.
Acostumbro leer sus comentarios, pero, en este caso, los considero incorrectos y no los comparto. De antemano, agradezco su atención.
RESPUESTA: Con el mayor gusto y respeto expongo una crítica a un comentario mío anterior.
En un mercado abierto y necesario para cumplir las necesidades del ciudadano, una regla absoluta es que una oferta, sin demanda, desaparece. El ejemplo real está en la actividad del zapatero o del sastre, que enfrentan los cambios sociales y de mercadeo, y hoy se encuentran desapareciendo. La oferta es diferente a la demanda, pues estamos inundados de ropa y calzado hechos en cascadas.
El tema de mi reflexión era meramente constitucional y legal: un agente de tránsito no está autorizado por ley previa para hacer un interrogatorio a ningún ciudadano, cuando ello podría implicar una responsabilidad o pena. Esto es básico en nuestro derecho occidental, que nadie debe declarar en contra de sus intereses o voluntad. Es lo que se llama el debido proceso, y el derecho a callar ante una autoridad administrativa. El principio es tan claro que en los tribunales es de estricta aplicación el principio de no incriminación.
En lo demás, el derecho a expresarse es un gran abanico de libertades para manifestarse libremente, y no existe difamación cuando no hay ofensa ni sujeto pasivo que sea víctima.