La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un informe preliminar sobre los pasados comicios en Costa Rica.
Una de las principales sugerencias es mayor fiscalización e incluso un tope a las donaciones realizadas a las agrupaciones políticas que participan en los procesos electorales a nivel nacional.
El documento de 14 páginas suscrito por Isabel de Saint Malo, jefa de la misión, destaca la solidez del sistema electoral de Costa Rica y el trabajo realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), no obstante, advierte los siguientes puntos:
SE NECESITA SEÑALIZACIÓN
Otro punto contemplado es que, a pesar de que los espacios de votación eran adecuados, OEA precisó que algunos votantes tuvieron dificultad para encontrar sus juntas receptoras, ya que no había señalización que indicara la dirección de estas.
ABSTENCIONISMO
La misión observó con preocupación que los índices de participación electoral muestran un constante descenso que impacta tanto a las elecciones generales como a las municipales.
“La misión considera que Costa Rica se beneficiaría de una discusión sobre la unificación de los calendarios electorales como estrategia para combatir el creciente abstencionismo en sus procesos electorales”, acotaron.
CELEBRA INVESTIGACIONES
La misión tuvo conocimiento de denuncias relativas a presuntos aportes ilegales realizados a las dos campañas contendientes en la segunda vuelta electoral. Estas denuncias motivaron la apertura de investigaciones preliminares sobre una presunta estructura ilegal y no declarada de financiamiento de la campaña electoral del candidato Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático, y sobre un viaje no reportado en un vuelo privado de José María Figueres, de Liberación Nacional.
“OEA considera positivo que casos como estos se den a conocer con la celeridad necesaria, y entiende que su resolución debe respetar los tiempos de investigación y el principio del debido proceso. La MOE/OEA seguirá atenta al dictamen de los órganos correspondientes”, afirmaron.
ATAQUES A LA PRENSA
OEA observó con preocupación las críticas de manera constante al rol de la prensa y el trabajo de algunos comunicadores sociales, alegando una cobertura parcializada de la campaña con la intención de perjudicarlo. “La libertad de expresión y el derecho de los periodistas a realizar investigaciones sobre figuras públicas son valores protegidos por el sistema interamericano de derechos humanos.
Esas inconformidades deben ser tramitadas por las vías institucionales, de acuerdo con el derecho de rectificación o respuesta establecido en la ley costarricense y en el sistema interamericano”, precisa la misión.
FINANCIAMIENTO
El tema de mayor preocupación para OEA es el financiamiento.
“Los partidos no acceden a los recursos de la contribución estatal sino hasta meses después de finalizadas las campañas (…) En este proceso de 2022, ningún partido accedió al anticipo de financiamiento. En este contexto, los candidatos deben buscar recursos privados para llevar adelante sus campañas”, manifestaron.
“No existen límites a los aportes ni a los gastos de campañas, elementos que contribuirían a fortalecer la equidad de la contienda. Los bancos toman en cuenta las encuestas y efectúan los desembolsos conforme evolucionan los sondeos. Ello genera que las organizaciones más pequeñas o rezagadas en las encuestas enfrenten grandes obstáculos para acceder a los créditos. De acuerdo con la información recibida, sólo 6 de los 25 partidos que participaron de la primera vuelta presidencial lograron la apertura de fideicomisos bancarios. Cabe agregar que este tipo de préstamos suele ser altamente oneroso para los partidos, debido a los intereses, comisiones y honorarios que deben desembolsar. Además, el sistema brinda a las encuestadoras injerencia excesiva en el proceso, ya que sus reportes terminan por condicionar la concesión de recursos para realizar actos de proselitismo electoral”, finalizaron.
CAMPAÑA SUCIA
OEA mencionó que la campaña electoral de la segunda vuelta estuvo caracterizada por acusaciones entre ambos candidatos, a través de medios de comunicación tradicionales y redes sociales.
A lo anterior, suma filtraciones audiovisuales privadas relacionadas con ambas candidaturas.
“Los ataques desviaron la atención de la discusión de las propuestas electorales y generaron un empobrecimiento de la calidad del debate público. Esta campaña electoral dista mucho de las tradiciones republicanas del país”, expresaron.
INSTITUCIONALIDAD
La misión notó con inquietud la existencia de cuestionamientos por parte de una de las campañas contra la institucionalidad electoral costarricense. Dichas acusaciones generaron un fuerte rechazo por parte de la ciudadanía y suscitaron una pronta y aceptable respuesta por parte del TSE.
RECOMENDACIONES
La misión emitió una serie de recomendaciones sobre el proceso electoral costarricense:
Revisar el modelo de composición partidaria de las juntas receptoras.
Obtener registros sobre la composición final de las juntas el día de la elección para identificar con precisión el número de miembros de partidos y auxiliares presentes en cada junta.
Definir funciones y roles específicos a cada miembro de junta, además de registrar datos de capacitación.
El sistema de financiamiento actual de Costa Rica no favorece la equidad de la contienda electoral.
Se podría tener una mayor fuerza de disuasión en materia de financiamiento si se incluyeran sanciones específicamente dirigidas a los partidos que incurren en delitos o faltas electorales, para incrementar los niveles de equidad y transparencia en la contienda.
Se debe establecer una forma de financiamiento público preelectoral que asegure que los partidos cuenten con recursos para iniciar su campaña, reduciendo la dependencia del financiamiento privado.
Establecer un tope para los aportes a los partidos.
Avanzar hacia un esquema de reporte de ingresos y gastos de los partidos en tiempo real, a través de una plataforma tecnológica que permita a la ciudadanía consultar esta información, así como acceder a datos agregados y visualizaciones que faciliten su interpretación.
Fortalecer la comunicación estratégica del IFED (Instituto de Formación y Estudios en Democracia).
Discutir la creación de una franja electoral gratuita en medios de comunicación, que garantice un espacio a todas las candidaturas y que contribuya a reducir los costos de las campañas.
Establecer, por vía legal, que un porcentaje específico de los aportes y subsidios electorales entregados a los partidos políticos se destine al financiamiento de campañas de candidatas.
Establecer mecanismos de financiamiento anticipado para la capacitación paritaria, de manera que los partidos cuenten con recursos estables para la realización de estas actividades.
Promover un amplio debate público para legislar sobre violencia política contra la mujer, así como para establecer mecanismos para su prevención y sanción.
Instituir plazos para la emisión de sentencias de todos los medios de impugnación con el fin de fortalecer la preclusión de las etapas del proceso electoral.