Un nuevo informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión, de la Organización de Estados Americanos (OEA) puso en evidencia como los ojos del mundo estuvieron sobre Costa Rica, luego de la publicación de la Ley de Delitos Informáticos en noviembre pasado.
En el punto 160 de este informe la Organización indicó que “La Relatoría Especial toma nota de la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Informáticos que reforma el Código Penal”. Más adelante explica que dentro de los cuestionamientos que el sector ha hecho de esta normativa se encuentra el aumento de las sanciones por acceso a la información secreta y la ambigüedad de la redacción del artículo 288 en donde se habla de espionaje y secretos de Estado. Así como la consagración penal del delito de divulgación de información privada sin permiso del titular de la información y sin consideración a la relevancia pública de la información o sin que esta haya sido adquirida de manera ilícita.
“Luego de 10 meses de una campaña permanente, en donde todos los actores sociales han expresado sus razones por las cuales consideran que esta Ley atenta contra la libertad de expresión, por fin los diputados han aprobado las reformas necesarias para corregir estos errores. No obstante ahora está en manos de la Presidenta, quien dice estar comprometida con el tema, para que firme la Ley y la mande a publicar. Ahora todos esperamos que ella cumpla con su palabra”, afirmó Iary Gómez, directora de DIARIO EXTRA.
DENUNCIAN AGRESIÓN
CONTRA LA PRENSA
Adicionalmente, la Relatoría también denunció actos en contra de un periodista de DIARIO EXTRA, quien en el cumplimiento de su trabajo fue empujado y golpeado por un oficial de seguridad privada.
Los hechos se dieron en diciembre del 2011 durante los festejos populares en Zapote, en donde según reconocieron posteriormente, se dio un abuso de autoridad por parte de un oficial de la policía privada, contra el periodista de espectáculos Ariel Chaves.
“Hay que ver y medir a la gente de seguridad como lo que en realidad son, porque hay de todo y a veces contratan personas que no reúnen las condiciones para el puesto”, indicó el comunicador.
Pero este no ha sido un hecho aislado, ya que hace pocos años el camarógrafo de EXTRA TV, Ismael Castillo, fue agredido por la Fuerza Pública mientras cubría un allanamiento; y más recientemente, el 11 de abril varios periodista fueron golpeados al intentar conseguir declaraciones de la mandataria, Laura Chinchilla, luego de un acto oficial.
En este sentido la Relatoría le recordó a las naciones miembros que la Declaración de Principios de la Libertad de Expresión, establece que “el asesinato, secuestro, intimidación y amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión”.
Dentro de este informe también se destaca el trabajo que vienen haciendo los tribunales, especialmente la Sala Constitucional, en el reconocimiento de derechos fundamentales como lo es el derecho a la información, la falta de legitimación de sancionar a un periodista por exponer opiniones de terceros, así como el acceso a la información emanada de entes estatales y que no vulneran otros derechos individuales de los ciudadanos.