La pesca y acuicultura costarricense fue objeto de dos años de evaluación (2017-2019) por la OCDE. Esta organización emitió 16 recomendaciones para que Costa Rica pueda avanzar en la mejora de su política interna con el fin de ajustar ambos sectores a estándares internacionales.
Dando un breve repaso sobre dichas sugerencias, se dispuso que debía reformarse la Junta Directiva del Incopesca, objetivos claros de desarrollo sostenible, modificación de la gobernanza, establecimiento de planes de manejo y recuperación de especies sobreexplotadas, reformar la pesca de atún para hacerla autosustentable financieramente, facilitar el trámite de proyectos acuícolas, monitoreo socioeconómico de las regulaciones, implementar el Sistema de Estadística de Pesca y Acuicultura, mejorar el control y vigilancia del desembarque de productos pesqueros y la coordinación entre el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) e Incopesca, adoptar el programa de observadores a bordo y métodos estándar de monitoreo, rebalancear los gastos para una mayor gestión de proyectos a largo plazo, promover alternativas de desarrollo para el sector de pesca y realizar campañas de mercadeo para facilitar la comercialización del producto nacional.
Desde sociedad civil, me di a la tarea de revisar rápidamente cuáles reglamentos, leyes, decretos, Acuerdos de Junta Directiva del Incopesca y políticas institucionales se han emitido desde dicha fecha, para cumplir con las reformas sugeridas por la OCDE.
Como resultado pude observar que Costa Rica ha seguido avanzando en el cumplimiento de las recomendaciones del 2019, principalmente en las áreas de la reforma de la pesca atunera auspiciada por medio de la Ley Nº 10304 del año pasado para beneficio de una flota nacional, por cuanto esta pesca es ejercida principalmente por barcos extranjeros.
Se han protegido especies con poblaciones reducidas como el tiburón martillo y el pez sierra.
Además, se ha progresado en la vigilancia, control y seguimiento sobre las embarcaciones pesqueras por medio de la emisión de un nuevo Reglamento de desembarques; se suscribió un convenio institucional de coordinación entre el Incopesca y el SNG y además se han impartido capacitaciones sobre la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
En el campo de la acuicultura, a pesar de su gran productividad inicial y que ha decaído con los años, se han emitido políticas institucionales para un mejor control ex post sobre la maricultura, y reglamentos para el cultivo de nuevas especies con el fin de retomar su camino de alta productividad.
Las recomendaciones que han tenido menor avance corresponden a aquellas de corte estructural, como por ejemplo la modificación de la gobernanza del Incopesca y establecimiento de objetivos de desarrollo sostenible seguidos por toda la institucionalidad involucrada. Se han tomado los pasos iniciales mediante convenios con universidades para la recolección de datos sobre especies y condiciones socioeconómicas de los distintos sectores de pesca. Queda pendiente el cambio de modelo institucional de transferencias individuales como el subsidio por veda y exoneración de combustible, por cuanto promueven la “sobreexplotación”, a un modelo de ejecución de proyectos de infraestructura, capacitaciones y ejecución de alternativas económicas para el sector de pesca. Por último, se recomendó la emisión de licencias de pesca con costo diferenciado para solventar la problemática de la informalidad de la mayoría de pescadores artesanales.
Es necesario reconocer que todas estas sugerencias encomendadas en el marco de la OCDE son tareas complejas, pero debe seguirse avanzando en su cumplimento; priorizando los sectores de pesca en condición de mayor vulnerabilidad, con la debida rendición de cuentas, transparencia, apego a la ciencia y técnica, y participación ciudadana, ello con el fin de que las reformas sean tomadas bajo procesos democráticos.
*Abogado especialista en Derecho Ambiental