La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) resaltó, en su último informe sobre los distintos regímenes de pensiones de sus países asociados, los cambios implementados recientemente en Costa Rica para la estabilidad del sistema a nivel nacional.
De acuerdo con la organización, este tipo de reformas en las legislaciones de cada uno de sus estados miembros son necesarias debido al aumento en la esperanza de vida de sus habitantes, así como a la desaceleración en la natalidad que se experimenta en la mayor parte de los países que alberga.
El informe subrayó como uno de los puntos más importantes que en nuestro país se endureció la jubilación anticipada y el número mínimo de cuotas para acceder al beneficio del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
En 2021 se aprobó la reforma para eliminar la posibilidad de jubilación anticipada para hombres y la permitirá a los 63 años para las mujeres, cambio que entrará a regir desde el 11 de enero de 2024.
“En Costa Rica, el endurecimiento de las edades de jubilación anticipada da como resultado un aumento de tres años de la edad normal de jubilación tanto para hombres como para mujeres, hasta los 65 y 63 años, respectivamente”, señala el documento.
De hecho, según el informe, únicamente en otros cinco países de la OCDE (Colombia, Hungría, Israel, Polonia and Turquía) se mantiene una diferencia en la edad de jubilación entre hombres y mujeres en condiciones normales.
Asimismo, la OCDE subrayó que la legislación nacional amplió el período de referencia de los salarios pasados para calcular las pensiones de los 20 últimos años a los 25 mejores años.
OBSERVACIONES EFECTUADAS
No obstante, el documento de la OCDE también enfatizó puntos por mejorar en el sistema de pensiones nacional, como el hecho de que las pensiones en Costa Rica perdieron más de un 8,55% del valor real en los últimos años.
De acuerdo con el informe, esto se da “en particular debido a la reducción de las tasas de acumulación efectivas para mejorar la sostenibilidad financiera”.
El mismo estudio también recalca que en la legislación nacional tan solo se considera tres profesiones para una pensión anticipada: policías, bomberos y docentes, con lo que se deja por fuera ocupaciones peligrosas o arduas que podrían acceder a un beneficio similar.