El gasto fiscal perjudicial para el ambiente durante 2021 en Costa Rica ascendió a casi ¢88 mil millones, el 0,24% del producto interno bruto (PIB) del país de ese año; es decir, los ingresos que Hacienda no percibió debido a exenciones y descuentos.
Esto se desprende de la Revisión de Desempeño Ambiental realizada por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por primera vez para nuestro país en 2023.
Según indica el estudio, más del 70% de esta pérdida de ingresos correspondió a beneficios fiscales sobre maquinaria y otros insumos para la agricultura y la pesca.
En el caso de los insumos agrícolas se trata de fertilizantes y pesticidas, los cuales se han beneficiado “durante mucho tiempo de una exención total del impuesto sobre las ventas”, dice el documento.
“Costa Rica debería basarse en el estudio del gasto tributario realizado por el Ministerio de Hacienda para desarrollar un plan para eliminar gradualmente los subsidios perjudiciales para el ambiente, incluido el apoyo al uso de energía y la agricultura”, sugiere el informe de la OCDE.
En el caso del apoyo a los combustibles fósiles señala la revisión que este ascendió a $86 millones (¢45.000 millones al tipo de cambio de ese momento), o aproximadamente el 0,13% del PIB.
Según refiere la OCDE, eso es muy poco “en comparación con los gastos tributarios con impacto ambiental positivo. Fueron insignificantes, ya que estos ascendieron aproximadamente ¢3.000 millones”.
USO DE PESTICIDAS
Costa Rica es uno de los países que más utiliza plaguicidas en la agricultura en todo el mundo, con una utilización promedio de 34,45 kilogramos de ingrediente activo por hectárea al año, de acuerdo con información del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esta gran utilización se ve motivada por la reforma fiscal aprobada en 2018, que dejó una serie de insumos agroquímicos dentro de la Canasta Básica Tributaria de productos agropecuarios, con lo que solo pagan un 1% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) mucho menos del 13% que aplica para la mayoría de los bienes y servicios que se compran en el país.
Entre estos productos se encuentran bactericidas, fungicidas, herbicidas, inhibidores de germinación, reguladores del crecimiento de las plantas, insecticidas de uso agropecuario, ovicidas y diferentes plaguicidas para eliminar roedores y parásitos.
PROYECTO DE LEY
En 2023 Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista, presentó una iniciativa de ley para la Regulación de plaguicidas altamente peligrosos para la salud y el ambiente, que se tramita bajo el expediente 23.783.
“Es claro que el uso poco regulado de pesticidas y agroquímicos puede tener efectos devastadores para la salud humana, la economía y la imagen de nuestro país frente a sus socios comerciales en el mundo”, advirtió la legisladora.
Según afirma Cambronero, los trabajadores agrícolas, expuestos constantemente a estas sustancias, corren el riesgo de sufrir enfermedades graves, desde problemas respiratorios hasta trastornos neurológicos. Además, los residuos de plaguicidas pueden contaminar los alimentos, lo que puede tener consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad.
Desde diciembre anterior el Gobierno de la República prohibió el uso del plaguicida clorotalonil a través del decreto 44280-S-MAG-Minae, en acatamiento de la orden dada por la Sala Constitucional.
Este pesticida fue prohibido por la Unión Europea desde 2020, al ser declarado cancerígeno. Recientemente, las autoridades sanitarias de Alemania denunciaron su presencia en melones ticos en Países Bajos, con un margen siete veces superior al permitido.
De igual forma, ha sido detectado en el acueducto que abastece las comunidades de Cipreses y Santa Rosa de Oreamuno de Cartago, por lo que el agua potable debe de ser entregado con camiones cisternas en dichas poblaciones.