La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) propone a Costa Rica imponer el pago del 13% de impuesto al valor agregado (IVA) a los colegios, universidades y clínicas privadas.
Actualmente, esta educación está gravada con un 2%, mientras que la salud en esa modalidad paga un 4%.
El Estudio Económico 2020 de la organización planteaba que esos números comprenden una conducta regresiva, ya que no resulta equitativo.
En la presentación del mismo estudio que se hizo este martes en el Centro Nacional de Convenciones, para 2025, se retoma la observación, pues dicho ente recalca que esas exoneraciones ralentizan el desarrollo económico en el sistema tributario.
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, explica a Diario Extra que la idea es “aplicar esta tasa para los que brindan cobertura a personas con mayor capacidad económica, con el fin de evitar que se genere una carga excesiva para los sectores de menores ingresos”. Pero no es un tema que esté para enviarse a la Asamblea Legislativa todavía.
Servicios más caros
Si bien la propuesta busca una mayor equidad en la aplicación del IVA, también podría generar mayores costos a los costarricenses.
Así lo expresa el economista Jorge Benavides, quien además advierte que aumentar un impuesto a un servicio solo porque no pertenece al Estado resulta un error.
“Hay personas que deben acudir a un préstamo a Conape, por ejemplo, para pagar sus estudios, porque sus horarios no se ajustan a una universidad pública”, argumenta.
A juicio de Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), la medida no parece adecuada.
“Los costarricenses tienen que acudir a la educación privada para obtener una mejor formación dada la crisis actual. Incrementarles los costos sería agravarlo”, recalca.
La verdiblanca enfatiza que, ante la falta de médicos especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los tiempos de espera, muchos optan por la opción privada en los servicios de salud.
Por su parte, Katherine Moreira, también legisladora del PLN, declara que el aumento de tarifas podría ser catastrófico para muchos estudiantes, si se considera las ya significativas cargas económicas.
“Por eso presenté el proyecto de ley 24.757, para regular los costos adicionales en las universidades privadas, como derechos de graduación, pruebas de grado y otros gastos que hoy no están bajo la vigilancia del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria (Conesup)”, comenta.
Silvia Castro
Presidenta de la junta directiva de Ulacit
“Un eventual acato de esta propuesta quitaría oportunidades de acceso a la educación”.
Katherine Moreira
Diputada PLN
“Hay costos que no son sostenibles, y no podemos permitir que los estudiantes dejen de acceder a la educación superior por estas barreras económicas”.
Mathias Cormann
Secretario general de la OCDE
“Aunque hay retos, como un 40% de informalidad en el empleo, el crecimiento general de Costa Rica ha sido bastante fuerte”.
Alejandro Pacheco
Diputado del PUSC
“Se tendrían que trasladar muchas personas que hacen un esfuerzo por tener una educación privada, eso conllevaría un mayor número de matrícula en las públicas”.
