
Pese a que el Gobierno se comprometió a concluir 502 obras bajo el concepto de riesgo y riesgo inminente en un total de año y medio, dichos proyectos presentan solamente un 20% de avance y un total de tres meses de atraso en su fecha de entrega.
Así lo corroboran los datos brindados por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), entidad a cargo del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).
“En este momento, 42 obras están finalizadas, lo que representa un 20,6% de la totalidad de proyectos. La proyección es que, a finales de este mes, contemos con 10 obras más concluidas”, detalló la oficina de prensa del CNE.
Dicho avance se da tras el vencimiento del plazo aprobado por la Asamblea Legislativa en la ley 10.456, la cual daba el visto bueno para el endeudamiento con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y donde se establecía el mes de setiembre del 2025 como fecha limite de la entrega de proyectos. “El avance que lleva la cartera de proyectos es muy amplia considerando que es un programa cuya ley estableció una vigencia de 6 años para su ejecución. En este momento, se están ejecutando 67 obras en todo el país, de los cuales, 29 están en estudios y diseño y 38 obras restantes se encuentran en fase de construcción.
Asimismo, otras 49 obras están en proceso de licitación o licitadas”, justificó la CNE tomando en cuenta las prórrogas permitidas dentro de la aprobación legislativa.
Además de dicha institución, la cartera de 502 obras urgentes también debía ser ejecutadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
Riesgos y falta de transparencia
La Contraloría General de la República (CGR) ha detectado en múltiples ocasiones una serie de fallas y deficiencias en la gestión de los proyectos incluidos en Proeri, donde destaca la ausencia de controles efectivos por parte de la CNE y las instituciones ejecutoras para asegurar la adecuada planificación, selección y supervisión de las obras, lo que pone en riesgo la correcta utilización de recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos del programa.
Las auditorías de la CGR evidencian que la CNE carece de un sistema sólido de control interno para verificar que los proyectos catalogados como de “riesgo inminente” cumplan con los requisitos técnicos y legales que exige la normativa aplicable, lo que ha generado dudas sobre la inclusión de algunas obras en la cartera del programa.
Además, se encontró que una parte de los desembolsos, cercanos a $9 millones de dólares, se habrían adjudicado sin contar con estudios técnicos y financieros que respalden la decisión, lo que contraviene los principios de legalidad, transparencia y eficiencia en la contratación pública señalados por la CGR en sus informes sobre la ejecución del programa.
Las fallas en la rendición de cuentas, la falta de información clara y oportuna y la ausencia de evidencia documentada que justifique las decisiones estratégicas y de inversión generan, según la CGR, una afectación a la transparencia y el uso eficaz de los recursos públicos, así como la capacidad del programa para responder a las necesidades reales de infraestructura afectada por emergencias y situaciones de riesgo.
Instituciones involucradas y sus presupuestos
• Ministerio de Educación Pública: ¢63 mil millones aproximadamente
• Instituto de Ferrocarriles Costarricenses: ¢19 mil millones aproximadamente
• Consejo Nacional de Vialidad: ¢161 mil millones aproximadamente
• Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos: ¢2 mil millones aproximadamente
• Comisión Nacional de Emergencias: ¢75 mil millones aproximadamente
Total: ¢320 mil millones
