En medio de las negociaciones para conocer el monto que se destinará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año, organizaciones estudiantiles universitarias y colegiales presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para exigirle al Gobierno que cumpla con el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación pública.
Asimismo, solicitan que se vele para que en los periodos posteriores el Estado cumpla y destine lo establecido en la Constitución Política.
Reclaman que el monto designado en los últimos años está por debajo de ese porcentaje y vulnera varios artículos constitucionales, principalmente el 78, en el cual se estipula la suma que cada año se debe entregar al sistema educativo.
“Debemos luchar para que la educación, al igual que desde la creación de la Universidad de Costa Rica, en 1940, siga siendo un derecho para todos los costarricenses.
Independientemente del lugar y las circunstancias económicas en que hayan nacido, siempre puedan encontrar una puerta abierta que les permita alcanzar sus sueños y contribuir al bienestar de nuestro país.
Que quede claro el daño que le hacen estos recortes a nuestra educación pública, siendo esta educación la que se les brinda a quienes más la necesitan.
La falta de inversión no solo deteriora las instalaciones y servicios, sino que también priva a las futuras generaciones de las oportunidades que muchos de nosotros tuvimos”, se lee en el recurso.
Además exponen el oficio MH-DM-OF-0388-2024, donde se plantearía un recorte de ¢65.000 millones al presupuesto del próximo año, lo cual dejaría a la educación solo un 5,27% del PIB.
En setiembre de 2023 el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que para el Poder Ejecutivo es “imposible” cumplir con el 8% para la educación.
“Por cada ¢1 que se recauda se debe gastar ¢1,63. O nos endeudamos más para mantener la ruta de consolidación fiscal, o recortamos algo (…) No podemos cumplir el 8% de educación. En las condiciones en que estamos es imposible esa cifra.
Si intentamos llegar a ese monto porcentual tendríamos que quitárselo a alguien. Tenemos ¢12,63 billones para todo el presupuesto de la República y es lo máximo que podemos financiar. ¡No hay más!”, manifestó.
LO VE FACTIBLE
DIARIO EXTRA consultó a Fernando Zamora, abogado constitucionalista, si sería factible un fallo favorable para las organizaciones estudiantiles.
Según el experto, sí es posible porque es una orden amparada en la Constitución, además en caso de que la Sala se pronuncie a favor de los recurrentes, el Gobierno estaría obligado a cumplir con el monto.
“Es totalmente posible en tanto el párrafo segundo del artículo 78 de la Constitución Política establece de forma taxativa que el monto destinado en el gasto público no podrá ser inferior al 8% del PIB anual de la economía.
Sin duda, formalmente hay un incumplimiento de una importante norma que, aunque es imperativa al establecer el monto del 8%, también es en buena medida una norma constitucional programática, pues no se garantizan los mecanismos suficientes para su aplicación, que es algo que podría obligar o presionar la Sala a que se cumpla a partir de ahora”, explicó.
En números, el 20,6% del presupuesto nacional de este año se destina al rubro de la educación, sin embargo, fue el más bajo de los últimos 10 años.