• Frente Amplio impulsa reforma constitucional
Mediante dos proyectos de ley impulsados por la bancada del Frente Amplio pretenden obligar al Estado a pagar la millonaria deuda que tiene con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
A pesar de que el Ejecutivo tiene la obligación de financiar a la institución encargada de brindar el servicio de atención médica a los ciudadanos, desde hace más de una década el Gobierno no cumple a cabalidad con las transferencias que debe realizar.
El primero de los proyectos propone que los principios rectores de la entidad contenidos en su ley constitutiva se eleven a rango constitucional para que queden protegidos frente a los cambios de gobierno cada cuatro años.
“Nos parece que a la luz de las condiciones actuales de nuestro país es fundamental que esos principios consten en nuestra Constitución para que no pueda ser modificada su naturaleza”, explicó la frenteamplista Rocío Alfaro.
Cabe resaltar que los principios que rigen a la Caja, según su legislación constitutiva, son los de igualdad, equidad, solidaridad, universalidad, obligatoriedad, unidad y subsidiaridad, al estar inscritos en la Carta Magna como adición del Artículo 73.
Una segunda reforma es la que propone garantizar por vía constitucional el pago efectivo de lo que el Estado le debe a la institución. A marzo de este año le adeudaba ¢3,8 billones.
Solo durante el Gobierno de Rodrigo Chaves dicho monto ha aumentado en más de ¢1 billón.
¿DEUDA IMPAGABLE?
Nogui Acosta, ministro de Hacienda, indicó que el Estado debe buscar un nuevo modelo para sostener la CCSS, como por ejemplo la creación de una nueva renta.
Además afirma que el Gobierno no tiene los fondos suficientes para amortizar a la deuda.
“El modelo no está funcionando. Nosotros tenemos que ir buscando otra forma de financiar porque no podemos seguir siendo la planilla, la que financie los servicios universales. Vamos a tener que crear una renta.
En algún momento se hablaba de subir el IVA o en algún momento se hablaba de subir algún otro impuesto que permitiera que dejáramos de pagar la parte estatal como una parte de las planillas”, añadió. De igual forma propone que cuando esta renta no sea suficiente, el Gobierno aporte el saldo faltante y en caso de que sobre dinero sea el Ejecutivo quien retenga estos fondos.
A pesar del planteamiento que hace el ministro, este proyecto no significaría un pago de la deuda que mantiene el Gobierno con la institución.
Acosta argumenta que, aparte de no disponer de los recursos para cancelar este monto, tampoco se cuenta con la certeza de que esa cifra sea la correcta, pues asegura que no existe la justificación adecuada.
“Tenemos claro dos cosas sencillas: no tenemos la capacidad para pagarlo y tampoco podemos reconocerlo porque realmente es un proceso mucho más largo, es como que usted llegue con una servilleta y (que diga) ¢3,6 billones. Yo tengo que saber efectivamente qué me está cobrando. La Caja me cobra niños que tienen más de 18 años, me cobra cesáreas a hombres, me cobra personas que tienen 200 años. ¡No puede ser posible!”, alegó.
