
La Comisión de Hacendarios dictaminó por unanimidad el proyecto 21.551, “Ley para la Eficiencia y Transparencia Presupuestaria del Impuesto a Personas Jurídicas”, cuyo objetivo es asegurar una eficiente y transparente asignación del impuesto a personas jurídicas, por parte del Ministerio de Hacienda.
Según el diputado Gustavo Viales, del Partido Liberación Nacional (PLN), este tributo por una errónea interpretación de la ley no está llegando completo ni al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y Ministerio de Justicia.
“Lo que se pretende con esta reforma, es que exista una actualización anual presupuestaria de recaudación de los recursos proveniente del impuesto a personas jurídicas. Actualmente en el Presupuesto de la República, se están redirigiendo los recursos del recaudo total de dicho impuesto hacia otras necesidades, que no fueron establecidas por Ley, por eso pretendemos corregir esa errada interpretación de la Ley. Hay que tener claro que la razón de ser del impuesto a personas jurídicas, es dotar al Estado de mayores herramientas para la seguridad nacional, el combate de la delincuencia y la lucha contra el crimen organizado”, explicó Viales.
La iniciativa establece que la Contraloría General de la República deba incluir en la certificación de efectividad fiscal de los ingresos del presupuesto de la República, la estimación de recaudación de dicho impuesto.
Asimismo, Hacienda deberá incorporar la actualización de los montos contenidos en la certificación señalada en el párrafo anterior, en las modificaciones presupuestarias del periodo respectivo o en los presupuestos extraordinarios que presente ante la Asamblea Legislativa.
DUDAS
Hacienda asignó en los años 2018, 2019 y nuevamente para el 2020, una cifra idéntica para las transferencias por concepto del impuesto a las personas jurídicas para el MSP a pesar que se ha tenido una recaudación mayor cada año, superior a los ¢25 mil millones por año.
“Conforme a la información del Presupuesto 2020 emitida por el Ministerio de Hacienda. De acuerdo con la Contraloría General de la República (CGR), siempre ha sido mayor a la certificación de ingresos, sin embargo, existe una mala práctica en la asignación presupuestaria del impuesto, con respecto a la recaudación del mismo”, insistió el verdiblanco.
También esta propuesta plantea, que las instituciones beneficiadas con la distribución de los recursos provenientes de dicho impuesto, deberán presentar de forma anual, al cierre del año presupuestario, un informe con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
El proyecto pasa ahora al plenario para su discusión final.