Tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) deben asumir el pago de la expropiación de un terreno que forma parte de la ampliación del aeropuerto internacional Juan Santamaría.
Conforme la resolución 2024-014895 de la Sala Constitucional, desde 2021 las instituciones no pagan lo acordado a la dueña de la propiedad. “Se declara con lugar el recurso. Se ordena a Marcos Castillo en su calidad de director general de DGAC y a Mauricio Batalla Otárola en calidad de ministro del MOPT, o a quienes ejerzan tales cargos, que ejecuten los actos correspondientes y en el ámbito de sus competencias”, indica la sentencia.
“Para que, en el plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia, a la amparada se le cancelen los montos de indemnización correspondientes por la afectación de utilidad pública y posterior expropiación de la finca”, puntualiza el documento.
Si en ese periodo dichas autoridades no cumplen con la orden se exponen a fuertes sanciones. “Se advierte al recurrido que de conformidad con lo establecido por el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a sesenta días multa a quien recibiere una orden que deba cumplir o hacer cumplir dictada dentro de un recurso de amparo y no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado”, se recalca.
Además, el órgano judicial señala que el Estado debe pagar las costas, daños y perjuicios ocasionados, por lo que deberá liquidar en ejecución de la sentencia de lo contencioso administrativo.
DETALLES
La recurrente detalló que en 2018 acordaron la venta de un lote de su propiedad, pero se presentaron diferentes retrasos en el proyecto y otro de sus terrenos quedó incorporado a la terminal aérea, así que “se negoció la permuta de terreno ante Aviación Civil, desde el 29 de octubre de 2018, la misma que fue aprobada por el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) y se dio inicio al proceso de permuta”, contó.
“Luego de que se le comunicaran los avalúos, se decidió no aceptar la permuta, ya que no estaba dentro de los términos de la negociación inicial”, resaltó.
Ante esa situación, el 30 de noviembre de 2021 el gestor del aeropuerto remitió la recomendación para el trámite de expropiación, la cual se aprobó el 20 de diciembre del mismo año.
“A la fecha de interposición de este amparo no se han realizado los trámites correspondientes, por lo que solicita que se declare con lugar el presente recurso y se ordene a la entidad correspondiente iniciar en forma inmediata el procedimiento de expropiación del terreno de mi representada”, mencionó el abogado.
“Asimismo se condene en las costas procesales de este recurso, así como a los daños y perjuicios ocasionados por la expropiación de hecho del terreno o confiscación ilegítima y se condene también al pago de las costas personales”, agregó.
La resolución del expediente 24-009396-0007-CO se dio el pasado 31 de mayo.