Todo inició en el 2017, cuando una niña de 11 años estaba a cargo de su abuela, en Nicaragua, y la madre de la menor, que ya vivía en Costa Rica, fue a visitarla y a convencerla de que viajara a Costa Rica “para un mejor futuro”.
Según la información recibida por las autoridades judiciales, el 1 de febrero de ese año, la mujer, identificada con los apellidos Bejarano Barahona, trasladó a la menor en un autobús hasta el límite fronterizo, donde la ingresó al territorio costarricense de forma ilegal.
Luego, la llevó a su casa en Alajuelita, lugar en el que vivía con su esposo, un sujeto de apellidos Salas Hernández, y ahí, ambos sometieron a la niña a explotación laboral.
“Los imputados la obligaron a levantarse a las 5:00 a.m. todos los días, para que realizara labores de limpieza, cocina, construcción y agrícolas. También le exigían trasladarse a una zona solitaria, para que alimentara a las gallinas y preparara bolsas de hielo para la venta”, explicó la Fiscalía.
Pero no solo eso, sino que, durante el juicio, se demostró que Salas se aprovechó de la cercanía y convivencia con la víctima, para cometer agresiones sexuales en su contra.
Por este caso, luego de que la Fiscalía Adjunta de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes demostrara que son responsables de cometer el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, Bejarano recibió una pena de nueve años de cárcel.
Mientras que, Salas fue sentenciado a 24 años de prisión, pues el despacho también acreditó que es culpable de cometer cuatro delitos de abuso sexual, en perjuicio de una persona menor de edad.
La sentencia fue dictada por el Tribunal Penal de Pavas, y mientras tanto, ambos deben permanecer en prisión preventiva, a la espera de que la sentencia quede en firme.