Costa Rica exhibe hoy día una sociedad civil cada vez más crítica e incómoda para quienes desean reforzar un presidencialismo autoritario, caduco y excluyente, muy reacio a admitir la participación ciudadana “desde abajo”, y torpemente empecinado en no tomar en cuenta el pensar y sentir de la ciudadanía y las grandes mayorías ciudadana. Además, determinado a acabar con la independencia de los otros dos poderes: el Legislativo (ya recapturado desde el 1 de mayo pasado) y el Judicial (en proceso de serlo como se ha visto tras varios choques inter-poderes y durante la elección de reciente de varios magistrados y del presidente la Corte).
Recordemos que, en su sana versión democrática y pluralista, el presidencialismo debe descansar en el principio de una estricta división de poderes. Si no, se inclina hacia el autoritarismo y, a la vez, se tensa su relación con la sociedad civil, sumamente disconforme desde hace rato con el accionar desde Zapote y sus aliados instalados en los otros poderes.
Si vemos el fondo del asunto, se trata ni más ni menos de un malestar civilista justificado, que se origina porque tal tipo de régimen político-constitucional, con su actual tendencia absolutista y centralista, se ha desvinculado de la sociedad civil y de muchos pesos y contrapesos; y ha sido puesto a funcionar “desde arriba” bajo una nefasta fórmula de “tiranía en democracia” para así, supuestamente, confrontar y reprimir con mano dura lo que se ha dado en llamar la “ingobernabilidad”. Una crisis que, según nuestros gobernantes neoliberales, si no se ataja, podría dar al traste con la democracia liberal de participación limitada. Pero esto por sí solo no explica por qué se sostiene el régimen.
Reforzamiento presidencialista. La oposición al PLN tiene una importante cuota de responsabilidad en lo que se proyecta como un reforzamiento del régimen presidencialista y el desesperado ahínco de éste por controlar a los otros poderes. Máxime si los verdiblancos alcanzan a ganar las próximas elecciones de febrero de 2014 (como se prevé) y marcar así un nuevo récord de tres administraciones sucesivas.
Algo que puede atribuirse también a las debilidades orgánicas de la oposición y a su crasa incapacidad para unificarse en un frente común y apoyarse en las fuerzas contestatarias emergentes en el seno de la sociedad civil; especialmente las más visibles y potentes en la esfera del movimiento social, donde sí vemos canalizarse un sostenido rechazo a ese tipo de régimen. Sin embargo, mientras esa fuerza social no se traslade al plano político y parlamentario por medio de uno o varios partidos (ojalá coaligados), no habrá mudanza del régimen; ni podrá ser desplazado el PLN del trono presidencial. Incluso aumentarían las posibilidades de una regresión hacia alguna modalidad de bipartidismo o de sistema de partido dominante.
Ingobernabilidad estructural. Lo anterior nos indica que persistirá la ingobernabilidad estructural bajo signo presidencialista, si correctamente entendemos por tal crisis un desajuste grave y de fondo entre, por un lado, detentadores estatales del poder y la cuantía de recursos financieros y de poder con que cuentan para gobernar; y, por otro, una gran cantidad acumulada de desatendidas y frustradas legítimas demandas ciudadanas, situación provocada por una política económica neoliberal de austeridad (recortes institucionales, desmantelamiento de instituciones y programas clave del Estado Social o de Bienestar, deterioro de la calidad y cobertura de los servicios públicos brindados al costo, como salud, educación, vivienda, infraestructura, etc.).
En otras palabras, una tensión en aumento entre una sociedad civil atomizada, frustrada y descontenta que recurre a las vías de hecho para protestar, y un Estado-Mercado dedicado a atender las demandas del capital e insensible a las necesidades del desarrollo social y del amplio mundo del trabajo. No fue así como operó el presidencialismo en la segunda mitad del siglo XX.
Así que, puesto el tema de la ingobernabilidad en su adecuada perspectiva sociológica, vemos cómo tal fenómeno no puede atribuirse sencillamente a la presencia en el parlamento de una oposición multipartidaria reacia a recortar más libertades parlamentarias; lo mismo que descarta amputar poderes a la Sala IV y aceptar, sin más, las imposiciones de Zapote, del PLN y otros actores interesados en acelerar aún más la destrucción de la institucionalidad del Estado Social y, en esa misma medida, dados a atacar las promesas de bienestar, equidad y solidaridad consustanciales a la democracia social en su compromiso con la ciudadanía y sus derechos.
Al fin de cuentas, los problemas de gobernar bajo el manto del actual sistema presidencial en efecto derivan y seguirán derivándose –de nuevo insistimos en este punto- de su contexto sociopolítico, donde podernos observar a una sociedad civil muy reactiva con muchos de sus sectores en rebeldía y siendo desde allí apuntalada por un movimiento social (sindical y no-sindical) que, aunque disperso e incoordinado, ha sido capaz de resistir muchas imposiciones del neoliberalismo y su tendencia a resolver los problemas de la democracia, no con más, sino con menos democracia.
*Sociólogo