La nueva propuesta del Gobierno sobre radiofrecuencias vendría con un “impuesto solapado” que recaería en la bolsa de los costarricenses. Del mismo modo, tendría roces de constitucionalidad. Así lo aseguraron dos expertos en materia de telecomunicaciones que conversaron con DIARIO EXTRA.
“IMPUESTO SOLAPADO”
Edwin Estrada, abogado de Écija Legal y ex viceministro de Telecomunicaciones, consideró que el Gobierno pretende implementar un “impuesto solapado”.
Del mismo modo, apunta que se debe analizar si el monto está apegado a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, además que no sea un monto confiscatorio hacia las personas y operadores.
“Hay que ver es la naturaleza jurídica de lo que se está planteando porque se dice que es un canon para financiar al Micitt. A mí me parece que no es un canon, sino un impuesto, porque los recursos se están destinando para otros fines que no son la administración del espectro. Es decir, ¡es un impuesto disfrazado de un canon!”, sostuvo.
Estrada consideró que la propuesta podría tener roces de ley.
“Si se logra determinar que es un impuesto disfrazado podría ser inconstitucional. Podría generarse un doble gravamen porque ya los operadores pagan el impuesto de renta y ahora les están poniendo otro. ¡Habría una doble imposición!”.
NO RESPONDIÓ
DIARIO EXTRA solicitó una reacción sobre el tema a Saray Amador, presidenta de la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel), sin embargo, no respondió los mensajes de este medio.
PROYECTO DEL GOBIERNO
El presidente Rodrigo Chaves presentó un proyecto para actualizar el costo que deben pagar los medios por el uso de frecuencias. El objetivo es cobrar el canon basándose en los ingresos anuales brutos de ventas.
Así, se busca que la tarifa sea de 7,73% de los ingresos brutos para concesionarios de televisión.
En el caso de radiodifusión, deberán pagar un 3,13%.
¿CÓMO AFECTARÍA AL USUARIO?
Según Estrada, si se aprueba lo planteado por el Gobierno, eso podría limitar la posibilidad de los operadores de brindar más y mejores servicios a los usuarios.
“El hecho de que los operadores tengan que cancelar un monto muy alto podría afectar la oferta de los servicios que se dan a los usuarios”.
INCONSTITUCIONAL
Criterio similar tuvo Juan Manuel Campos Ávila, director de Ciberregulación Consultores.
“El canon grabaría directamente las utilidades y eso tiene una posibilidad grande de tener vicios de constitucionalidad porque ya existe un impuesto de renta, es el de renta.
Además, la Ley General de Telecomunicaciones establece un canon por uso denominado ‘canon de uso de reserva de espectro radioeléctrico’, el cual establece que, cuando un operador tiene una frecuencia, tiene garantizada la no interferencia de esta”.
“Lo que yo veo es que se pretende castigar el éxito de las empresas. Probablemente, algunas decidirán no continuar en el mercado utilizando frecuencias de televisión y radio abiertas, sino que se pasarían a un modelo donde se vende a las cableras”, sostuvo.
Dicha situación afectaría directamente a las personas que no pueden pagar el servicio de cable.
“Eso no tiene ningún sentido desde la perspectiva de lo que hoy está ocurriendo en el mundo. ¡Hay asimetrías muy grandes! Me parece que se requiere meditar con mayor profundidad este tema y no sacar a la radio y la televisión del mercado.
Lo que se pretende es sacar del mercado a empresas con nombres y apellidos. Esto violaría el Pacto de San José, que establece que la concesión de frecuencias no puede utilizarse como un medio para pagar la libertad de expresión”.