Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Desde la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA), plataforma ciudadana que articula a personas y organizaciones que trabajan en pro de garantizar una gestión integrada, participativa, ambientalmente sostenible y socialmente equitativa del recurso hídrico, hemos venido insistiendo en la necesidad de reformar el marco legal e institucional relacionado con este líquido vital.
Sin una reforma que permita la introducción de una serie de principios y de mecanismos que faciliten una gestión de este tipo será muy difícil que el país pueda hacer frente a la crisis hídrica que ya nos afecta. Es por eso que, en el año 2010, mediante el mecanismo de la iniciativa popular presentamos el Proyecto de Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, No. 17742, el cual, en marzo de 2014, luego de un complejo proceso de diálogo y negociación, fue aprobado en primer debate.
Aunque el texto aprobado no es idéntico al presentado originalmente, la valoración que hicimos en su momento nos permitía concluir que el nuevo texto representa un avance importante en esta materia. Lamentablemente, a más de tres años de su aprobación en primer debate -y luego de ser objeto de una consulta facultativa de constitucionalidad presentada por varios legisladores, a raíz de la cual la Sala Constitucional llamaba la atención sobre posibles roces de constitucionalidad de dos artículos y un transitorio- no ha sido posible que la Asamblea Legislativa, haciendo los ajustes pertinentes, someta dicho texto a segundo debate.
Reconocemos los esfuerzos que, tanto desde algunos sectores del Poder Ejecutivo como desde la Asamblea Legislativa, se han venido realizando para consensuar un texto que resulte sólido técnicamente y políticamente viable. Esos esfuerzos se han visto materializados en un nuevo proyecto de ley (No. 20.212), el cual conserva, en buena medida, el espíritu, los principios y los contenidos del texto aprobado en primer debate en marzo de 2014. Sin embargo, consideramos que, si este es el texto que finalmente se votará y apruebará, al mismo se le deben hacer los siguientes ajustes:
-Conformar los Consejos de Unidad Hidrológica de manera que haya mayor representación del sector público, de las municipalidades, de las organizaciones no gubernamientales ambientales y de las ASADAS, de modo tal que los actores efectivamente involucrados en la gestión del recurso hídrico y en la prestación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento puedan participar en las discusiones y decisiones que ahí se generen.
-Mantener las funciones que se le asigna a los Consejos de Unidad Hidrológica en el Proyecto de Ley 17.742, en tanto las mismas contemplan, en algunas casos, la posibilidad de tomar de manera participativa ciertas decisiones estratégicas, sin invadir las competencias que corresponden a la Administración Pública. En ese sentido, señalamos que la gestión del recurso hídrico, para que sea integrada, debe ser participativa, participación que se materializa en diferentes niveles: acceso a la información, consulta y toma de decisiones.
-Establecer áreas de protección para humedales.
-Mantener las sanciones y penas por infracciones tal y como están establecidas en el Proyecto de Ley 17.742.
Comprendemos que los procesos de discusión y tramitación de proyectos de ley en temas tan sensibles como el que nos ocupa son complejos; sin embargo, no se puede seguir privando al país de las herramientas que le permitan hacer frente de una mejor manera a la crisis hídrica que venimos sufriendo, y que tiene como una de sus causas principales las debilidades y vacíos del marco legal e institucional vigente. De ahí que hacemos nuevamente un llamado a la Asamblea Legislativa para que asuma su responsabilidad de legislar en esta materia.
Adicionalmente, llamamos la atención al conjunto de la sociedad sobre las consecuencias que puede tener para la legitimidad de nuestro sistema democrático el que una ley como la de Iniciativa Popular se torne ineficaz y los proyectos presentados por dicho mecanismo no se voten en el plazo establecido.
*Es miembro de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA).