Nuevo contrato ilegal dejaría al INVU sin vendedores
Advierte auditoría interna
El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) enfrenta un nuevo riesgo debido a procedimientos presuntamente ilegales en el sistema de comercialización de planes de ahorro, lo que podría generar interrupciones operativas que dificultarían la obtención de planes a los costarricenses.
Esto según advirtió el departamento de Auditoría Interna, que cuestionó un nuevo esquema de contratación para comisionistas.
Un informe de advertencia emitido por el departamento concluyó que la modalidad planteada mediante el oficio CC-004-2026 podría carecer de fundamento jurídico y expondría al INVU a nulidades de contratos, demandas judiciales y eventuales problemas para mantener la continuidad del servicio.
“La modalidad anunciada prescinde completamente de todo procedimiento concursal, lo que contraviene en forma directa el mandato del artículo 182 constitucional. Ninguna declaratoria de incompetencia de la CGR en materia procesal puede válidamente derogar una norma de rango constitucional”, indica el documento.
La Auditoría cuestionó específicamente la intención de realizar una contratación privada directa con comisionistas seleccionados por la propia administración, sin concurso público y sin permitir participación de nuevos oferentes.
“Ninguna de estas causales ampara la realización de una contratación privada directa con proveedores preseleccionados por la propia administración, sin publicidad, sin concurso y sin posibilidad de participación de nuevos oferentes en el mercado”, señala el informe.
El documento advierte además que los contratos firmados bajo ese esquema podrían ser anulados incluso durante su ejecución, lo que pondría en riesgo la continuidad de la comercialización de los planes de ahorro y préstamo.
“Los actos y contratos dictados en contravención del ordenamiento jurídico son absolutamente nulos. Esta nulidad podría ser declarada en cualquier momento, incluso durante la ejecución contractual, con consecuencias patrimoniales e institucionales de consideración, así como la interrupción abrupta del servicio de comercialización de los planes de ahorro y préstamo”, detalla la advertencia.
La Auditoría también alertó sobre el riesgo operativo que enfrenta la institución ante el vencimiento del procedimiento especial de urgencia vigente desde 2025.
“La proximidad del vencimiento del procedimiento especial de urgencia genera presión temporal que podría llevar a la administración activa a ejecutar la contratación privada directa como solución de facto. Sin embargo, una contratación nula o impugnable no garantiza continuidad operativa”, agrega el documento.
Como parte de las recomendaciones, la Auditoría pidió abstenerse de firmar contratos privados directos y abrir de inmediato un procedimiento concursal en SICOP para garantizar la continuidad del servicio dentro del marco legal vigente.