El pasado 1º de octubre entró a regir el Código Procesal de Familia que regula los distintos juicios en materia familiar. Es producto del cambio hacia un sistema más humanizado y eficiente a través de la oralidad. Fue reformado una semana después con ajustes legales para agilizar la tramitación de los conflictos familiares.
Plantea el principio de solución integral del conflicto. Antes, un conflicto generaba una serie de procesos paralelos (el llamado “combo”, que incluía procesos distintos para separarse o divorciarse, pensión alimentaria, régimen de bienes gananciales, interrelación familiar -visitas-, entre otros). Ahora, la mayoría de estas discusiones se pueden discutir y resolver en un solo proceso resolutivo familiar con una mayor celeridad y un menor impacto económico para las partes.
De igual forma, en pensiones alimentarias, el Código innova con el proceso de fijación de cuota alimentaria, más célere, pues una vez recibida la demanda, se convoca de una vez a una audiencia para la conciliación.
En caso de que esta no prospere, se dicta una sentencia anticipada resolviendo la pensión y la persona demandada puede oponerse a esta, presentando sus pruebas y forzando a una única audiencia para determinar el monto, de acuerdo a las posibilidades económicas del obligado y las necesidades reales de la persona beneficiada.
Se resalta una nueva filosofía, que debe ser adoptada tanto por jueces como por los abogados litigantes: el proceso familiar debe buscar soluciones para que la familia pueda adoptarse a su nueva situación, donde el interés superior de las personas menores de edad y adultos mayores prevalezca sobre cualquier resentimiento.
Para lograrlo, debemos dejar de lado ímpetus adversariales en pro de lo mejor para la familia. Se incluye la participación del Programa de Justicia Restaurativa para lograr el bienestar familiar y una vez que las sentencias se ejecutan, la situación es revisada periódicamente para darle seguimiento y apoyo a las familias. Es imprescindible la capacitación continua de todos en los procesos judiciales y el Colegio de Abogados desde ya varios años imparte cursos para coadyuvar con el Poder Judicial y las Universidades al éxito de la reforma.